Terminamos el capitulo anterior con la pirueta administrativa que se había hecho para sacar la ejecución de la obra del Colector de Aguas Pluviales de ARPO del sistema general de obra pública y que asegurábamos que eso no era nada para lo que se avecinaba…

Y es que se avecinaban movimientos de dinero en lugar de movimientos de tierra… Qué gente más lista había en la Mancomisión del Colector…

La Mancomisión del Colector, por ponernos en situación, fue una agrupación de sectores urbanísticos que elaboraron y presentaron ante el Ayuntamiento tanto el proyecto de construcción del Colector como los estatutos para su aprobación por el Ayuntamiento. Trataban de reproducir el mismo mecanismo de funcionamiento administrativo que luego se sustanciaron en los estatutos de la entidad urbanística colaboradora.

En la Mancomisión del Colector, el representante del sector llamado ARPO empleó su mayoría (contaba con el 58% del total de cuotas de participación) para auto-designarse presidente. “Ego sum qui sum”.

Una vez conseguido ser presidente, contrató a una empresa de la que él era administrador único. Es decir, se contrató a sí mismo. Y cobró por ello, claro.

Es importante resaltar que el contrato de gestión estableció una retribución basada en un porcentaje del presupuesto de ejecución material del colector y, recuerdo, que si en 2003 se barajaba un presupuesto de 21 millones de euros, los presupuestos posteriores superaban ya los 60 millones.

Es evidente que el gestor obtenía un importante premio por tan sustancial deslizamiento de pasta.

Pero no acaban aquí sus beneficios. En diciembre de 2008 la empresa del presidente cobró de la Mancomisión una importante cantidad adicional a su contrato de gestión. Fue, por decirlo de algún modo, un premio especial.

El mérito del premio consistió en haber conseguido que no fuera necesario someter el Plan Especial a Evaluación Estratégica Medioambiental. Qué tío más listo. Y mediante ella, el presidente cobró un estudio justificativo sobre la no necesidad de someter el Plan especial a Evaluación Estratégica.

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Con anterioridad a la presentación de ese informe, el Director General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid había dictado resolución por la que establecía que el futuro colector “no se encuentra en ninguno de los epígrafes de la ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, por lo que no necesita someterse a ningún procedimiento de evaluación ambiental”.

Dicho de otro modo, la razón por la que no hubo que someterse a procedimiento de evaluación medioambiental fue que la legislación vigente así lo determina, nada tuvo que ver la gestión que pudiera hacer la empresa del presidente de la Mancomunidad.

Por este trabajo que este individuo se contrató a sí mismo, consistente en conseguir que no sea necesario lo que la ley establecía claramente que no era necesario, el sujeto en cuestión se pagó a sí mismo, con el dinero de los demás, la cantidad de 458.200 euros IVA incluido.

No acaban aquí los “gastos derivados de los planes, proyectos y estudios tendentes a la definición, ejecución y conservación del colector-interceptor”.

En la contabilidad de la Mancomisión del Colector figuran otras facturas ciertamente sorprendentes, o cuanto menos pintorescas. Eran facturas relativas a estudios, asesorías e informes de todo pelo que en ocasiones importaban cientos de miles de euros. Todas cantidades desorbitadas.

En ocasiones estas facturas se asociaban a empresas tristemente célebres. Llama la atención, particularmente, la factura emitida por TECONSA, empresa de cabecera de lo que se dio en llamar la trama GURTEL.

La factura rezaba así: “La presente factura correspondiente a la certificación del 50% de la cláusula quinta del contrato de las obras colector-interceptor Pozuelo de Alarcón expedida con fecha 24 de noviembre de 2003 para su tramitación y abono en concepto de pago a buena cuenta y anticipado a la total ejecución y entrega de las obras” (sic).

Que gente más lista. Se cobraba por ejecución y entrega de obras cuando, en 2021, todavía no se ha puesto ni un ladrillo.

De la factura se deduce que alguien comprometió la construcción de una obra cuya ejecución material habría de superar los 40 millones de euros sin mediar ningún tipo de licitación ni concurso público.

De ahí el presunto ahínco que el Ayuntamiento de Pozuelo mostró siempre para realizar la obra a toda costa por medio de una entidad urbanística colaboradora, es decir, que quedara fuera del control administrativo.

Al llegar a este punto no nos queda más remedio que acordamos de que, diecisiete años después, la licitación de las obras fue anunciada en el BOE bajo el epígrafe de “Contratación Pública”.

Con este tipo de facturas tan originales, el presupuesto se incrementó como mínimo en más de un millón de euros.

Continuaremos…

Javier G. Regalito