La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, auditará de forma permanente la estructura de su Gobierno para suprimir todos aquellos cargos, unidades y subvenciones que no sean «productivos» y que incurran en duplicidades y gasto superfluo e innecesario para las arcas públicas madrileñas.

La Consejería de Hacienda ha recibido el encargo de poner bajo la lupa todo gasto que pueda suponer un despilfarro en la amplia administración autonómica. Ayuso fue taxativa en al dirigirse al Parlamento autonómico en el último Pleno celebrado antes de la interrupción del periodo de sesiones en la Cámara por el parón estival.

La presidenta madrileña ha colocado la austeridad de su Ejecutivo entre una de las prioridades de su segunda legislatura. Buena prueba de ello ha sido la reducción de 13 a nueve el número de sus consejerías, la eliminación de la vicepresidencia del Gobierno y la supresión de altos cargos y puesto eventuales hasta sumar un ahorro de casi dos millones de euros.

Una cantidad que la dirigente ‘popular’ está dispuesta a incrementar con todo aquello que sobre de la Administración e incluso se ha abierto a reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid, actualmente fijado en 136, lo que supondría un ahorro de más de tres millones de euros si se ejecuta en los términos que propone Vox.

Con todo, Ayuso ha matizado que hay determinados puestos que no pueden recortarse, puesto que la Comunidad de Madrid tiene atribuidas una serie de competencias que requieren de un mínimo de estructura para poder llevarse a cabo.

Por otra parte, para la presidenta madrileña la austeridad de su Gobierno no se refleja únicamente en el adelgazamiento de sus integrantes sino también en otros indicadores de relevancia como el déficit y la deuda.

En este sentido, la Comunidad de Madrid tuvo un déficit del 0,05 %, el menor desde el año 2006, y el porcentaje es cuatro veces inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas, según los datos que maneja el Gobierno madrileño. En cuanto a la deuda, el volumen sobre el producto interior bruto (PIB) está en el 16 % frente a la media autonómica que es del 27 %.

Una mentalidad de Gobierno basada en la sobriedad y en el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles para no derrochar dinero público que aportan todos los contribuyentes con sus impuestos que contrasta con la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez.

El socialista acometió la más importante remodelación de un Gobierno de toda la democracia española el pasado fin de semana y no fue capaz de recortar absolutamente nada de su mastodóntica estructura.

El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos pasa por ser el más grande de los últimos 40 años y el más grande, junto con el sueco, de toda la Unión Europea (UE), con 23 ministerios y récord de altos cargos y asesores.

Lejos de pensar en recortar para reducir gastos, Sánchez asegura que su megaestructura es «necesaria» para «lograr la máxima eficacia en su acción».