Una de sus primeras iniciativas registradas en el parlamento autonómico de la Comunidad de Madrid por Vox exige al Ejecutivo de Ayuso un fuerte recorte en las subvenciones percibidas por los agentes sociales de las arcas públicas. Una propuesta que se une a la que la propia Monasterio puso encima de la mesa en el reciente debate de investidura para cerrar Telemadrid.

Se da por hecho, por ejemplo, que antes de las vacaciones el grupo parlamentario popular abordará su propuesta para reformar la ley que rige Telemadrid con el fin de relevar a su actual director general.

Del mismo modo, los populares buscarán en estos primeros plenos la luz verde del hemiciclo a la constitución de una comisión de investigación para esclarecer el impacto de la falta de controles efectivos en el aeropuerto de Barajas en el volumen de contagios registrado en Madrid. Los grupos de la izquierda, por su parte, defenderán la necesidad de que la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias regionales durante la pandemia.

Es en este escenario en el que Vox defenderá también sus primeras iniciativas. Entre estas primeras propuestas destaca una que plantea eliminar las subvenciones que reciben los sindicatos Unión General de Trabajadores Madrid (UGT) y Comisiones Obreras Madrid (CC OO). El grupo liderado por Monasterio también reclama cortar el grifo de las ayudas públicas a CEIM-Confederación Empresarial Madrid-CEOE.

«Desde Vox consideramos que los sindicatos, al igual que los partidos políticos, deben ser independientes en su actuación y no deben suponer un coste injustificado a los españoles, sino que deben financiarse a través de las cuotas de sus afiliados», argumentan desde el partido de Santiago Abascal.

Las subvenciones que Vox quiere eliminar suman un total de 1.200.000 euros. Estas entidades –UGT, CC OO y CEIM– las perciben en su condición de miembros del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, en el que también participa el propio Ejecutivo regional.

Circunstancia esta última que, a juicio de Vox, hace todavía más injustificable que perciben dinero procedente del erario público: «Cuando una de las partes dialogantes subvenciona el coste de la actividad que desarrolla la otra de las partes, ¿podemos hablar de diálogo? ¿Es defendible que los mencionados agentes sociales actúan realmente en defensa de los intereses de los trabajadores o acaso son una parte más de la red clientelar que unos gobiernos y otros se ocupan de extender y alimentar?», señala la iniciativa presentada por Vox.

Tal y como establecen los respectivos convenios, CEIM percibe un total de 600.000 euros por su participación en el Consejo para el Diálogo Social. Por su parte, tanto UGT como Comisiones Obreras perciben 300.000 euros cada una de estas organización sindical.

Lo que propone Vox, en su proposición no de ley, es suspender el Plan Estratégico de subvenciones a favor de estas entidades. También, suspender, «en caso de que hayan sido formalizados, los convenios establecidos con las citadas organizaciones en el año 2021» y «retirar, en caso de que hayan sido concedidas, las correspondientes subvenciones».