Los Tribunales no avalan la zona de bajas emisiones conocida como «Madrid Central» que impulsó la ex alcaldesa Manuela Carmena. Tampoco el acuerdo de la Junta de Gobierno que desarrollaba cómo debía gestionarse y establecía qué vehículos podían acceder y cuales no al área restringida de más de 200 hectáreas del centro de la capital.

Una sentencia reciente del TSJM ha declarado, por sexta vez consecutiva, su nulidad tras un recurso de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Pero lo más novedoso del pronunciamiento judicial es que todas las denuncias del SER formuladas en la capital desde octubre de 2018 podrían invalidarse si se ratifica la sentencia, contra la que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

AEA calcula que podría tratarse de al menos tres millones de multas y un cuarto de millón de euros. «La sentencia pone en evidencia la precipitación con la que se puso en marcha Madrid Central y la falta de información que se dio a los ciudadanos», explica Mario Arnaldo, presidente de AEA. El motivo por el que se anula, «no es meramente formal, sino que tiene una gran trascendencia económica, presupuestaria y de falta de respeto hacia los derechos de los ciudadanos», añade.

En el caso concreto de Madrid Central, según los datos de AEA, desde su puesta en marcha, en marzo de 2019, hasta el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 1.169.785 denuncias, por valor de 105.280.650 euros, por acceder a Madrid Central sin autorización. La sentencia también afecta a más de dos millones de denuncias formuladas por los controladores del SER desde la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en octubre de 2018. Se anula la posibilidad de prescindir de la obligatoriedad de adjuntar una foto de la infracción.