El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado con el voto favorable del PP, Cs y Vox, la reforma de la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sustituirá buena parte de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, con el fin de liberalizar el sector inmobiliario y reactivar el tejido productivo dañado por la Covid-19.

“La construcción supone el 15% de nuestro PIB y el 20 % del empleo. La modificación de la Ley del Suelo que hoy aprobamos elimina burocracia, reduce tiempos, facilita las licencias y será clave para la reactivación”, ha celebrado, en su cuenta de Twitter, la presidenta Ayuso.

Se trata de la primera ley aprobada por la Asamblea en los más de 13 meses de recorrido de la presente legislatura, y ve la luz tras tramitarse por lectura única, es decir, sin opción a presentar enmiendas, lo cual ha provocado las críticas de los partidos de la izquierda.

De hecho, varios diputados de Más Madrid y Unidas Podemos han salido del hemiciclo en el momento de la votación, intentando forzar así que no hubiera el quorum necesario.

Sin embargo, el presidente de Ciudadanos, Juan Trinidad (Cs), ha rechazado las reclamaciones de ambos partidos en este sentido, y les ha reprochado haber intentado una “artimaña” para invalidar la votación, lo que ha originado una bronca en el hemiciclo.

Esta modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, introduce como principal novedad la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables en las obras de menor entidad.

Así pues, bastará una declaración responsable para realizar obras de edificación de nueva planta “de escasa entidad constructiva y sencillez técnica”, las ampliaciones o reformas “que no produzcan una variación esencial” en el inmueble, o para la primera ocupación.

También servirá para los actos de agrupación de terrenos, los cerramientos de parcelas, las demoliciones de inmuebles sin protección ambiental o histórico-artística, la colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior, los cambios de uso que no modifiquen el “uso característico” del edificio, la instalación de casetas prefabricadas o los trabajos previos como catas y prospecciones.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable, actuaciones como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Los ayuntamientos, encargados del control a posteriori, deberán regular por ordenanza en el plazo de un año el contenido y el modelo de estas declaraciones responsables, que habilitan la realización de la actividad urbanística desde el día de su registro.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha recordado que esta iniciativa iba a ir incluida en la reforma a mayor escala que el Gobierno pretende emprender durante esta legislatura, pero que se decidió “anticiparla” ante el “claro deterioro” de la situación económica causado por la pandemia del coronavirus.

La consejera ha defendido que Madrid “ganará competitividad con respecto a otros países de la Unión Europea”, y ha recordado que el plazo medio de concesión de licencias urbanísticas está entre 12 y 18 meses.

La reforma dará “mayor capacidad de acción a inversores y empresarios” en un sector que, ha destacado Martín, tiene “un claro efecto multiplicador” y será “clave para la reactivación económica”.

Y ha defendido que la reforma no busca fomentar “la especulación” ni “favorecer intereses privados”, sino evitar que el sector “siga enredado en trámites burocráticos que le restan flexibilidad”.