La Delegación del Gobierno permitió la celebración de hasta 35 manifestaciones en Madrid en los días que transcurrieron entre el 8-M y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, tal y como refleja la Guardia Civil en el informe que le ha entregado a la juez que investiga el caso por el que se ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

«Hemos cambiado de escenario». Así explicaba el 9 de marzo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que la situación epidemiológica del coronavirus había cambiado sustancialmente y su gravedad se convertía en un problema de primer orden. Menos de 24 horas antes, el Gobierno había permitido y alentado las marchas feministas del 8-M. Según Illa, en la noche de ese domingo se habían comunicado datos de Madrid que mostraban una evolución «a peor».

Sin embargo, ni siquiera ese anuncio fue suficiente como para que la Delegación del Gobierno tomase la decisión de cancelar y desconvocar todas las manifestaciones previstas en Madrid para esa semana. Según los datos aportados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, se celebraron un total de 35 marchas entre ese 9 de marzo y el día 14, momento en el que el Gobierno dictó el estado de alarma y confinó a la población.

En total, según consta en los registros a los que tuvieron acceso los investigadores de la Guardia Civil, estaban convocadas para esos días 70 marchas. Aparte de las 35 que sí se celebraron finalmente, las otras 35  fueron desconvocadas. O bien por iniciativa propia de los convocantes o por motivos sanitarios (27 de ellas) relacionados con la expansión del coronavirus.

La última de las marchas que constan como celebradas en los registros de la Delegación del Gobierno tuvo lugar el mismo 14 de mayo, en el mismo momento en que el Consejo de Ministros debatía la aplicación del estado de alarma. Sin embargo, existen dudas en el propio informe sobre si esa manifestación llegó a celebrarse finalmente o no.

El informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M concluye que a partir del pasado 5 de marzo “no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19”.