La Comunidad de Madrid prohibirá los móviles en las aulas de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, colegios e institutos públicos y concertados, a partir del próximo curso 2020-2021, una medida que entrará en vigor a partir del mes de septiembre del año próximo, y que está “encaminada a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el estudio”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la medida porque, cree, ayudará a los jóvenes a concentrarse y está “encaminada a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el estudio”.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional quiere además “dar un nuevo paso en la lucha contra el ciberacoso y el ‘bullying’ en los centros escolares de la región”, han subrayado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press. La iniciativa está contemplada en el programa de Gobierno y afectará a todos los centros públicos y concertados, más de 1.700, donde actualmente cursan sus estudios más 800.000 alumnos.

Actualmente la mayoría de los centros prohíben el uso de teléfonos móviles en las aulas aunque no existe normativa general al respecto. La Comunidad de Madrid trabaja desde el inicio de esta legislatura en una propuesta que no permita el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en los colegios e institutos durante los períodos lectivos, salvo en aquellos casos que esté expresamente previsto en el proyecto educativo y siempre con fines didácticos. De esta manera, los centros, dentro de su autonomía de gestión, podrán limitar su uso en otros periodos, actividades y espacios de su competencia.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ya avanzó en septiembre esta medida, que forma parte de uno de los 155 puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Ossorio explicó entonces, en una entrevista con Europa Press, que la prohibición del uso de móviles “se aplicará siempre que no se utilicen con fines educativos”. Así, la normativa sí permitirá el uso de estos dispositivos a “los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia”.

Asimismo, los docentes y la dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los alumnos que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.