La Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid para que se investigara la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un «delito de alzamiento de bienes».

En un decreto de este departamento del Ministerio Público, adelantado por Infolibre y al que ha tenido acceso Europa Press, se determina el sobreseimiento al no apreciar indicios de delito.

Concretamente, apunta que para este tipo penal la jurisprudencia establece como requisito esencial que el crédito sea «vencido, líquido y exigible, no queden bienes o sean insuficientes en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito».

«Del análisis de los hechos que se describe en la propia denuncia resulta que las donaciones que se realizaron dos meses antes del impago de la primera cuota. Pero junto a ello debe añadirse que el citado crédito estaba garantizado por una hipoteca sobre un inmueble y ocho avalistas solidarios. Consta que en el año 2018 se ha ejecutado garantía hipotecaria y por lo que resta, no consta que se hubieran dirigido contra avalistas solidarios», recoge la resolución de la Fiscalía Anticorrupción.

Más Madrid exponía en su denuncia que el 2 de febrero de 2011 se aprobó la operación de crédito por parte del Comité Directivo de la sociedad Avalmadrid en virtud de la cual se prestan 400.000 euros sobre la finca Urbana, en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad de familiares de Ayuso con un plazo de devolución de 36 meses, con el objeto de adquirir equipos médicos.

Además, señalan que Ayuso solicitó «una serie de informaciones a los directivos de una empresa pública con la finalidad de obtener información privilegiada respecto a datos de terceros protegidos por la confidencialidad y con el objetivo de beneficiar económicamente a su familia y a sí misma».

La operación de crédito aprobada se garantizaría mediante la constitución de hipoteca sobre la citada finca, Urbana, una parcela de terreno y nave industrial, de la que eran socios familiares de Ayuso, Leonardo Díaz Álvarez, Isabel Cristina Ayuso Puente, Juan Carlos Herrero Casasola, María Victoria Fernández Moyano, Juan Manuel Pitarch Divar, María Carmen Elvira Angulo López Cancio, José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero.

Ante ello, la Fiscalía también archiva la denuncia en lo referido a presunto delito de administración desleal y tráfico de influencias. En este último caso expone que Ayuso emitió esos correos antes de tomar posesión de diputada autonómica y de su contenido no puede interpretase como «presión o sugestión».

«Lo anterior puesto en relación, a lo que describe el denunciante como información privilegiada, del propio relato de los hechos como del contenido de los correos aportados, las informaciones no encuentran en un ámbito reservado, cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo que se realice, sino que se refieren a informaciones obtenidas a través de Internet y de registro mercantil», zanja el escrito.