El edificio okupado por La Ingobernable, situado en el número 30 del Paseo del Prado, esquina a la calle Gobernador, vuelve a ser del Ayuntamiento de Madrid. El desalojo, efectuado por la Policía Municipal, se ha producido este miércoles a las 3.20 horas por orden judicial y ha transcurrido sin incidentes. El mandato lo ha realizado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 con fecha 7 de octubre.

Más de 130 agentes de distintas unidades, entre ellas, la UAS (Unidad de Apoyo a la Seguridad) y la Unidad de Policía Judicial, y 32 vehículos han formado parte del dispositivo. El edificio estaba vacío en el momento del desalojo, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y ha pasado a manos del área de Obras, encargada asegurar el inmueble y realizar los cierres oportunos para evitar otra okupación.

La expulsión de los moradores del centro autogestionado se ha realizado tras agotar la vía administrativa y varios intentos infructuosos del consistorio de José Luis Martínez-Almeida para que lo abandonaran de forma voluntaria. El último, el 28 de agosto pasado cuando varios centenares de personas, respondiendo al llamamiento que el colectivo okupa realizó en las redes sociales, se concentró frente al edificio para «defenderlo».

Era la fecha límite marcada por el Ayuntamiento —tras la publicación en el BOE— para llevar a cabo el lanzamiento, después de la entrega de varias notificaciones de desalojo y descartar el uso de la fuerza. Entonces, el Consistorio anunció que recurrirían a la vía judicial. El colectivo, en una exhibición de «fuerza», dijo entonces que La Ingobernable era «La Indesalojable».

Ahora, «el inmueble vuelve a ser de todos los madrileños», ha dicho horas después del desalojo la vicepresidenta del Ayuntamiento, Begoña Villacís. La recuperación del edificio, que fue usurpado el 6 de mayo de 2017 (durante el mandato de Manuela Carmena) por un grupo de personas, fue una de las promesas electorales del alcalde Martínez-Almeida.

«Hemos echado a la gente que quiere hacer valer la patada en la puerta como un derecho para entrar a okupar una vivienda», ha dicho en rueda de prensa Villacís. «Madrid no va a ser una ciudad para los okupas», ha asegurado. Una biblioteca o un centro de salud son los posibles usos previstos por el Consistorio para el inmueble, donde se realizaban «actividades ilegales» y que se ha encontrado «en una situación lamentable», según la vicepresidenta.