La alcaldesa de Madrid Manuela Carmena recibió a principios de año un estudio sobre el impacto de género en el soterramiento de la M-30 por el que pagó 52.337 euros.

Rita Maestre defendió, en Junta de Gobierno, la medida y la necesidad de llevarla a cabo para establecer los efectos de la obra en las políticas de género del Consistorio. Según afirmó en su momento la portavoz, el desarrollo de la ciudad «tiene efectos en términos de género», aunque no dijo cuáles.

El estudio se encargó en verano de 2017 dentro de la investigación para auditar los anteriores Ejecutivos municipales del Partido Popular y se hizo público en enero de 2018.

Carmena, muy interesada en estos temas, encargó a cuatro sociedades investigar y redactar informes sobre el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

Al Gobierno de la actual alcaldesa se le acusó de favorecer a empresas afines para ganar los contratos, que tuvieron un coste final de 367.000 euros. En todo momento el Consistorio lo negó: «No existen pruebas sobre esta vinculación. Es bastante poco respetuoso que se cuestione esas empresas».

Los contratos se entregaron a través de concursos públicos, pero solo se presentaron tres empresas. La ganadora fue Dinamia, una cooperativa fundada por una coalición de Podemos, IU, Equo y Ganemos.

Esta fue la empresa encargada de redactar el informe de impacto de género sobre la M-30, la medida estrella de Gallardón.

Responsables de la empresa reconocieron que podría ser que «no se detectase ninguno», en referencia a los impactos que esperaba el Ayuntamiento.

En su momento, Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento, acusó a Carmena de «repartir dinero entre sus amiguetes» y de «lucrarse a costa de todos los madrileños».