El juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha emitido un auto por el que rechaza el archivo contra la causa contra los exediles del equipo de Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Los concejales de extrema izquierda pagaron dos informes jurídicos para querellarse contra el anterior Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) por el convenio que este había suscrito con el Open de Tenis en 2011. Estos fueron solicitados por Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino, en nombre de la concejalía de Cultura, dirigida entonces por Mayer, que acompañará en el banquillo a los ediles.

La juez del caso considera que los dosieres se realizaron sin concurso público y por nombramiento directo a dos despachos de abogados, por el coste de 24.000 y 26.000 euros, respectivamente. Yáñez lo justificó «en la confidencialidad, ante la eventualidad de un posible procedimiento penal».

El encargo de los servicios profesionales, firmado por Varela, «vulnera la prohibición de fraccionamiento, de los objetos de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

De la misma forma, la juez hace hincapié en que también vulneran el marco normativo de Madrid Destino que establece «que en la preparación de los contratos cuyo valor estimado sea superior a 50.000 euros la entidad debe elaborar con carácter obligatorio un pliego de prescripciones técnicas y administrativas en el que se recojan las condiciones básicas de contratación» y un estudio económico del valor estimado del contrato. Algo que ni Sánchez Mato ni Celia Mayer, según la juez, hicieron.

La magistrada considera que la firma de los informes solicitados por los ediles podría ser constitutiva de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

En los textos de los abogados contratados a dedo se afirmaba que en el convenio suscrito por Gallardón existían irregularidades de trascendencia penal. Pero estos en ningún momento analizan los informes realizados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que excluían dichas irregularidades de los contratos. Es por esto que la juez considera que los escritos solicitados no «realizaban un análisis completo» de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los anteriores responsables del Ayuntamiento.

La estrategia a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer se les volvió en contra cuando la querella contra los populares Manuel Cobo, Pablo Bautista y José Ignacio Fernández, fue archivada, los servicios jurídicos del Ayuntamiento no vieron irregularidades en el convenio con Madrid Trophy Promotion (MTP) y se descubrió que habían montado la querella, supuestamente, con informes «ad hoc».

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, a raíz de eso, cayeron en desgracia con Carmena y perdieron su confianza. La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra ellos.