Los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid han denunciado que los agentes están desbordados desde que hace dos meses la Comunidad de Madrid abrió un nuevo centro para menores no acompañados (MENAS) en la Casa de Campo.

El recinto ocupa las instalaciones donde estaba el albergue juvenil Richard Schirrmann y cuenta con tres pabellones donde se alojan 66 menores, muy cerca del parque de atracciones. Está gestionado por la Fundación Diagrama y es una fuente continua de conflictos por un grupo de marroquíes muy problemáticos.

Los agentes señalan que cada día reciben numerosos avisos del centro y de los alrededores por culpa de los marroquíes que se dedican a cometer fechorías fuera del centro. Sobre todo roban teléfonos móviles, en el parque de atracciones, el Metro de Lago y otros puntos cercanos. «Vamos cada día al centro por las amenazas y golpes que reciben los educadores», cuenta un agente.

En las unidades de Moncloa y Latina hay más de 30 minutas por incidentes causados por los menas. Las últimas actuaciones señalan que la semana pasada se detuvo a tres menores por golpear a educadores y que otro intentó ahorcarse. «Esto es de traca, no paramos y encima le dicen a las educadoras que las van a violar y no pasa nada. Es más, les da igual, nos insultan y encima piden su paga mensual», señala un agente que asegura que los tres vigilantes por turno en el centro se ven incapaces de actuar.

Según consta en la Policía, 17 menores alojados en este centro han sido detenidos durante los últimos 60 días. Todos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que los ha dejado en libertad. También hace seis días otro menor sufrió una herida grave en la pierna al intentar saltar la verja con pinchos del Parque de Atracciones.

El sindicato CSIF ya denunció «el grave error» que se cometía al disolver un albergue juvenil por un centro de menas y lamentó los problemas que también se registran en el centro de menores de Hortaleza.

Desde la Comunidad de Madrid se asegura que la entidad que gestiona el centro reconoce que ha «habido una serie de problemas puntuales con un grupo reducido de menores con problemas de adaptación, pero no de conductas delictivas».

Respecto a las agresiones a los trabajadores, desde la empresa señalan que «en los últimos días tres profesionales han recibido golpes y amenazas por parte de menores y que la Policía se ha tenido que personar. Estos educadores no han recibido asistencia médica ni han causado baja», aclaran. «En el caso de producirse conductas delictivas, éstas son puestas en conocimiento de la Policía para que, de acuerdo con Fiscalía y el juez de menores, arbitren las medidas cautelares pertinentes con estos menores», señalan desde la Consejería de Políticas Sociales.

Con todo, la Comunidad de Madrid hace un llamamiento para «no criminalizar a estos menores que llegan sin ningún tipo de derivación oficial, cruzando buena parte del territorio español sin ser detectados por ninguna otra administración y con la única esperanza de buscar un mejor proyecto de vida al que tenían en sus países de origen».

Asimismo, el Gobierno regional trabaja en crear un nuevo centro residencial de menores no acompañados con dificultades de adaptación social. Tendrá 26 plazas y estará gestionado por una entidad especializada en el trabajo con menores con problemas de conducta. Se destinarán 1,7 millones de euros anuales.

El Ejecutivo autonómico subraya que hace un enorme esfuerzo, con presupuesto propio, para atender la llegada de estos menores extranjeros no acompañados y que ha ampliado la red con la creación de 215 plazas. Y denuncia que se ha realizado esta inversión pese a «que el Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado en la crisis migratoria de los menas ya que solo ha dado 1.500 euros al Gobierno de Madrid del total de los 40 millones que repartieron entre las comunidades autónomas para atender a menas».