La alcaldesa de Móstoles Noelia Posse  ha anunciado que cursará una carta al Defensor del Pueblo solicitando “amparo” para los vecinos del municipio que “se están viendo perjudicados en sus desplazamientos a Madrid por los semáforos instalados recientemente en la A-5”.

Posse asegura que esta decisión “unilateral” del Ayuntamiento de Madrid “ha creado un gran malestar entre los ciudadanos de Móstoles que cada día deben desplazarse por motivos laborales o de cualquier otra índole hasta la capital”, por lo que reclama apoyo del titular de esa institución, que vela por los derechos de la ciudadanía.

Esta reclamación se efectúa “en orden a que se adopten las medidas necesarias para restablecer el diálogo y revisar las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid en detrimento de la vida diaria de las mostoleñas y mostoleños”, añaden desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, la alcaldesa insta a que la decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid “sea reconsiderada” y que se lleven a cabo las reuniones necesarias, con mesas de negociación entre los municipios, para “alcanzar un consenso antes de tomar este tipo de medidas tan trascendentales”.

También recuerda que desde el Ayuntamiento de Móstoles ya se planteó en octubre pasado una propuesta de mesa de trabajo intermunicipal con los municipios del suroeste para abordar un Plan de movilidad para la A-5, “sin que hasta el momento haya habido respuesta por parte del Consistorio madrileño”.

En concreto, en dicha propuesta se solicitaba “la elaboración profesional, consensuada, profunda y meticulosa de un proyecto global e integral de transportes para el acceso por la A-5 a Madrid, que se aleje de la improvisación”.

Esta reclamación se produce después de que un estudio del Consorcio Regional de Transportes desvelara que los semáforos de la A-5 están aumentando los retrasos en los recorridos de las líneas de transporte interurbano entre un 10 y un 15 por ciento.

Este hecho, según el Consorcio, obligará a incorporar hasta veintisiete autobuses más en las concesiones regulares de transporte interurbano para conseguir el cumplimiento de los horarios programados y mantener la calidad del servicio, lo que tendrá un sobrecoste de 5 millones de euros.