La creación de tres nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid, que se van a sumar a las ocho ya existentes, supondrá un aumento de en torno al 35% de las plazas que se ofertan en la región en este tipo de centros. Ésta es al menos la previsión de crecimiento que manejan en Esic, Cunef y Villanueva para cuando se independicen de las instituciones académicas públicas (la Rey Juan Carlos en el primer caso y la Complutense en los otros dos)a las que estaban adscritas hasta ahora.

Dicha desconexión, sin embargo, no será efectiva antes del inicio del curso 2019-2020, ya que, entre otros requisitos, tienen que pasar por el trámite de verificación de nuevas titulaciones que realiza la Fundación para el Conocimiento Madri+d sólo una vez al año. Después, cada una tiene su propio calendario de implantación, que se prolongará entre cuatro y seis cursos.

Para cuando el proceso esté completamente culminado, Esic prevé que en conjunto sumarán 3.560 plazas más, tal y como consta en las memorias de impacto normativo de las leyes autonómicas que han aprobado la constitución de las nuevas privadas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

En el curso 2016-2017, el último del que hay datos cerrados de la Consejería de Educación, había 9.964 personas cursando sus grados y másteres en alguna de las ocho universidades privadas existentes. Con la incorporación de los tres nuevos centros de estas características, la oferta de estudios superiores al margen de la red pública (que cuenta con más de 41.000 alumnos) crecerá un 35%.

El Pleno de la Asamblea de Madrid autorizó la semana pasada la creación de las nuevas instituciones con el apoyo de PP y Ciudadanos y la férrea oposición de PSOE y Podemos. El bronco debate que precedió a la votación evidenció las marcadas diferencias entre los modelos educativos del bloque político del centro-derecha y las formaciones de izquierda.

Al rechazo de una parte del espectro político se suma también la de la Conferencia de Rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Cruma), que presentó alegaciones a los anteproyectos de las leyes con los que se ha aprobado la consideración como centros de estudios superiores independientes de las tres entidades privadas. Entre los reparos planteados, señalaban que las propuestas de todas ellas presentaban «escasa justificación sobre cómo pretenden llevar a la práctica con éxito las actividades de investigación, de innovación y de transferencia de conocimiento», sin las cuales, advertían, se corre el riesgo de otorgar categoría de universidad a «un modelo de academia o college».

La Complutense ha dado un paso más allá y ha presentado un recurso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó el traslado a la Asamblea -para someterlo allí a votación- del proyecto de ley para que Cunef fuera independiente, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta controversia añadida viene del hecho de que las instalaciones que utiliza Cunef en Ciudad Universitaria son propiedad de la Complutense, donde sostienen que el contrato de cesión a 50 años «se extinguiría» de convertirse el centro en una institución independiente.

La pieza que completa el puzzle a la resistencia a la creación de las tres universidades privadas la coloca CCOO, a quien le resulta «llamativo el sesgo claramente ideologizado» de las mismas. Según sostienen en el sindicato mayoritario del sector, «su necesidad no se justifica más allá de los compromisos políticos o de otra naturaleza que puedan tener los promotores de esta iniciativa y aquellos que la respalda, sin importar que se penalice y ningunee el sistema público universitario por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de garantizar su existencia y desarrollo».