Los rectores de las universidades públicas se oponen a la creación de tres nuevos centros privados en la Comunidad de Madrid al entender que hay «carencias» en la oferta de títulos de grado y máster, así como la ausencia de programas de doctorado que se quedan en «simples promesas» sin que exista un marco normativo en la región que indique lo que ocurriría en caso de incumplimiento.

También añaden que la oferta de títulos de las tres propuestas para establecerse en la Comunidad como centros universitarios «parece totalmente insuficiente para obtener dicha denominación, a la vez que no se fija ninguna proyección de reconocimiento internacional de calidad». En consecuencia, aseguran que no es procedente su denominación como Universidades.

Así lo indican los rectores de las universidades madrileñas ante la propuesta de creación de tres nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid (CUNEF Universidad, ESIC Universidad y Universidad Internacional Villanueva).

«Por todo ello, consideramos que no es procedente aceptar la denominación como Universidad de las mencionadas tres propuestas para su establecimiento en la Comunidad de Madrid, en consonancia, también, con el informe desfavorable emitido, por amplia mayoría, por el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, celebrado el día 6 de noviembre de 2017», recalcan en su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, los responsables de las universidades de Alcalá de Henares, la Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.

Además, los rectores llaman la atención que en estos momentos no está definido por ley, en referencia a la LEMES, «lo que ha de ser, o debería ser el servicio público universitario» en la Comunidad de Madrid y, «por ende, tampoco se ha definido el correspondiente servicio universal, esto es, los servicios mínimos con calidad regulada, que debería ofertar cualquier sujeto prestador –en las tres misiones universitarias de docencia, investigación e innovación y transferencia de conocimiento– para que pudiera denominarse universidad, evitando el riesgo de considerar como tal a un modelo de ‘academia’ o ‘college’, ambos carentes de investigación e innovación y transferencia».

«Entendemos que corresponde a la Comunidad ejercer el papel de regulador de dicho servicio y, dado que en la región se da una gran confluencia de sujetos prestadores del servicio, que son de diferente naturaleza jurídica -públicos y privados-, así como de procedencia externa a la misma, la regulación del servicio público universitario es una necesidad, incluyendo la definición de las calidades mínimas exigibles», prosiguen los responsables de las universidades públicas.

«En consecuencia, a efectos de estas alegaciones, entendemos que no es procedente el establecimiento de nuevos sujetos prestadores del servicio público universitario en la Comunidad en tanto en cuanto no se clarifique la definición de dicho servicio y, de esta forma, se determinen asimismo las condiciones que deben cumplir dichos sujetos prestadores del servicio», agregan.

También apuntan que las tres propuestas de universidades privadas presentan «escasa justificación sobre cómo pretenden llevar a la práctica con éxito dichas actividades de investigación, de innovación y de transferencia de conocimiento, hecho que subrayan también los informes del Consejo General de Coordinación Universitaria y la Fundación Madri+d. «En consecuencia, entendemos que no es procedente su denominación como universidades», ahondan los rectores en sus alegaciones.