El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, en una Junta de Gobierno extraordinaria, la creación de Madrid Central, el área de bajas emisiones en la que sólo podrán entrar los vehículos de los residentes y los coches que tengan los distintivos ambientales de la DGT.

La medida, que entrará en vigor el próximo 30 de noviembre, ya ha suscitado la reacción del Grupo Municipal Popular que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza de Movilidad que regula este plan y para la que ya han solicitado la paralización cautelar.

Al tiempo que en el Palacio de Cibeles se firmaba el decreto, decenas de representantes de distintos colectivos profesionales que trabajan en el distrito Centro protestaban a las puertas de la sede consistorial.

La plataforma de afectados, que aglutina a 70 agrupaciones, ha denunciado que la medida afectará especialmente a las «familias más modestas».

A su juicio, a partir de febrero, cuando comience la aplicación telemática de Madrid Central, 373.501 vecinos de toda la ciudad de Madrid no podrán utilizar sus coches en Madrid Central lo que supondrá un gasto para todos ellos de 9.300 millones de euros si quieren poder acceder al distrito de Centro.