Las claves del conflicto que insensatamente mantienen los taxistas las cuenta Daniel Rodríguez Herrera en un brillante artículo publicado en Libre Mercado:

-El sector del taxi estaba completamente blindado a la competencia. Era un monopolio. Su capacidad de bloquear una ciudad con sus vehículos les permitía dormir tranquilos sabiendo que ningún Gobierno se atrevería a cambiar demasiado las condiciones del sector.

-Nadie les quitaba sus licencias, por más guarro que tuvieran el taxi, por más maleducados que fueran y por más vueltas que te dieran para hacer subir el precio de la carrera, y nadie iba a dar nuevas licencias para evitarse líos.

-Eso les garantizaba una jubilación de oro, porque vender por 150.000 euros tu licencia es lo que tiene.

-De ahí que no protestaran demasiado cuando, en 2009, el presidente Zapatero liberalizó las licencias de VTC, eliminando la limitación que obligaba a dar sólo una licencia de este tipo por cada 30 licencias de taxi. Pero claro, años después llegó Cabify. Y luego Uber.

-Y la gente empezó a usarlas, ya fuera por malas experiencias con algún taxista o simplemente porque son más cómodas y permiten saber el precio del viaje antes de subirse al coche.

-Viendo su forma de vida en peligro, lograron que el presidente Rajoy recuperara el límite para nuevas licencias, lo que en la práctica significaba una prohibición de otorgar nuevas licencias VTC.

-Ahora exigen que se retiren las licencias concedidas –algo ilegal a todas luces– y se permita a las Administraciones gobernadas por irresponsables como Ada Colau exigir licencias adicionales para así anularlas en la práctica.

-No, por mucho que lo griten no están pidiendo «que se cumpla la ley». Lo que piden es precisamente que se incumpla para su beneficio particular.

(Los expertos dicen que la solución de Fomento es una chapuza jurídica. Transferir las competencias de los VTCs a autonomías y ayuntamientos por real-decreto no es aceptable desde el punto de vista jurídico)