La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía del Estado la gestión del dinero público en el Campus de la Justicia. La acusación llega tras conocerse el informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los ejercicios 2005 a 2015 en la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid S. A., que refleja una situación de desorden y descontrol y después de las denuncias efectuadas (desde hace dos años y medio) desde los grupos de oposición PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El documento encargado por el Gobierno de Cristina Cifuentes señala numerosas irregularidades, pagos no suficientemente justificados, sueldos desorbitados de algunos directivos, desequilibrio entre el número de aquellos y el de los trabajadores, o gastos poco claros como los 19 millones invertidos en dos edificios que nunca se llegaron a construir.

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ya explicó el pasado jueves en el pleno que el contenido del informe de la Cámara de Cuentas sobre esta empresa pública -creada por el exconsejero Alfredo Prada en tiempos de la presidenta Esperanza Aguirre, y que luego continuó funcionando con el presidente Ignacio González- había sido enviado a la Abogacía General de la Comunidad para que estudiaran sus implicaciones.

Desde la Abogacía contestaron aconsejando elevarlo a la Fiscalía, explican fuentes del entorno de Garrido. Eso lo que se ha hecho esta misma mañana, tal y como adelantó El Mundo y ha confirmado el Gobierno regional.

Entre las irregularidades detectadas en el informe, se encuentran el desequilibrio entre directivos y trabajadores -los primeros casi doblaban a los segundos-, la falta de justificantes de muchos gastos, o que no se rindieron las cuentas de varios años, o se presentaron fuera de plazo. Además, afirma el informe que «la contabilidad del Campus no se llevó en varios ejercicios según los principios del Código de Comercio».

Otra de las denuncias recogida en el informe de la Cámara de Cuentas hace alusión a la plantilla: le llama la atención la «desproporción entre el personal directivo y el resto de personal: 7 directivos y 3 administrativos en 2007». Y añade: en 2008 había un director y dos subdirectores de seguridad: «mensualmente cobraban los tres más de 14.000 euros». Y al haber poco personal en administración, esto «se tradujo en gasto en contratación con empresa externas para labores de pura gestión ordinaria».