Como ya anunció El Correo de Pozuelo que pasaría, el Gobierno de España ha aprobado el decreto ley que permite a los ayuntamientos reinvertir el superávit de 2017 a través de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

Así lo anunció el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que el decreto es fruto del diálogo “entre formaciones políticas completamente diferentes”, ya que se trata de un acuerdo cerrado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El acuerdo permitirá, a partir de su publicación en el BOE, que las corporaciones locales que tuvieran superávit en el ejercicio 2017 puedan reinvertirlo en inversiones financieramente sostenibles.

El decreto, además, amplía, como venía pidiendo la FEMP, los capítulos que caben dentro del concepto de inversiones financieramente sostenibles. Así, el decreto permitirá a los ayuntamientos gastar su superávit de 2017 en nuevas categorías relativas a seguridad y orden público, protección civil, servicios de extinción y prevención de incendios, asistencia social primaria, creación y mantenimiento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y especial, bibliotecas y archivos, e inversiones en equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas.

De esta forma, la aprobación del decreto permitirá a los ayuntamientos con superávit empezar a trabajar en estas inversiones sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Aunque aún no se conoce la cifra exacta que alcanzó dicho superávit en 2017, la FEMP estima que, en total, es superior a los 5.000 millones de euros para el conjunto de los ayuntamientos.

En este sentido, la FEMP pedía al Gobierno la aprobación de este decreto antes de finalizar el mes de marzo para tener tiempo suficiente para decidir, licitar, contratar y ejecutar las inversiones antes de la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que tendrán lugar el 9 de junio de 2019.

En cuanto a las peticiones de la FEMP para ampliar los capítulos de lo que se consideran inversiones financieramente sostenibles, finalmente la única que no ha sido admitida es la relativa a inversiones para el fomento del empleo.