Mi madre, tras enviudar, vivió muchos años en Pozuelo (de Alarcón). Su casa, conocida como El Castillete, reunía las condiciones para una vida tranquila. Situada a pocos metros de la Estación, en un entorno de viviendas unifamiliares, integrada en un barrio que le aportaba todo cuanto necesitaba.

La vivienda de dos plantas, con parcela ajardinada, cercana a las vías del ferrocarril y paralela a ellas, le proporcionaba la forma de vida apacible que necesitó hasta su fallecimiento en el año 2001.

Poco antes de ello, un Alcalde Arquitecto, Martín Crespo, decidió incluirla en un nuevo Plan de Urbanismo que establecía su derribo, a cambio de lo cual le ofreció la permuta por una parcela en Somosaguas, a lo que mi madre se opuso. La genial idea del Alcalde Arquitecto no solo suponía su derribo sino también la ampliación de la via borde del ferrocarril para hacerla de doble circulación, con lo que el problema de circulación de la zona se vería agravado 50 metros más arriba, pero no resuelto.

Después de largas conversaciones, una vez fallecida mi madre, los herederos continuamos las negociaciones y, ante la imposibilidad técnica propuesta, propusimos la permuta por unas parcelas cercanas, junto a la Plaza de la Constitución,  solución que, en un principio, pareció aceptable por los técnicos municipales.

Para facilitar la negociación, aceptamos la cesión de una parte de nuestra parcela, con la finalidad de que se pudiera hacer una glorieta en la parte baja de la misma, que permitiera construir un paso bajo la vía. Con ello se eliminaría el problema de circulación aducido como motivo de la expropiación propuesta, como así ha sido, especialmente por nuestra actitud flexibe, positiva y dialogante.

Resuelto el motivo expropiatorio, el Ayuntamiento, con toda lógica,  renunció a la imposible doble circulación propuesta inicialmente pero no a la expropiación de la vivienda y la sigue manteniendo en el Plan de Urbanismo como expropiable, sin un motivo real y proponiendo como solución la permuta por otras parcelas en sitios muy alejados de la Estación (Fuente de la Salud, Arroyo Meaque, etc.) reduciendo sensiblemente el valor de la propiedad, al tiempo que incrementa el valor de las que nos propone, en un juego mas propio de trileros que de auténticos representantes municipales.

En estos 16 años, he tenido el gusto de hablar con todos los Alcaldes. Sepulveda lo entendió y me prometió una solución inmediata, dedicándome cariñosamente un libro sobre Pozuelo. Aguado, anterior responsable de Urbanismo, me aseguró una solución inmediata. Paloma Adrados, no solo lo entendió, sino que me llamó personalmente para decirme que había dado orden de solucionarlo con carácter inmediato. Y de la nueva Alcaldesa no puedo decir nada porque me ha sido imposible ni siquiera hablar en persona con ella, pese a mis varios intentos.

Pero, en la última reunión con técnicos y concejales varios, nos levantamos de la mesa ante las propuestas municipales que tienden a valorar nuestra propiedad a un tercio de su valor real, mientras insisten en que, por no tener dinero, el Ayuntamiento solo contempla la permuta y, en ningún caso, por las parcelas propuestas por nosotros, sino por otras alejadas que no aceptamos, a un valor muy superior al que adjudican a nuestra propiedad.

Sintetizando: Para expropiar un bien son necesarios dos elementos. El primero, un motivo real y demostrable, que no existe, especialmente porque nuestro apoyo a la solución de la glorieta lo resolvió. El segundo un justiprecio cierto, basado en los valores de los bienes a expropiar, en este caso una vivienda con más de 200 m2 y una parcela de más de 500 m2, junto a la estación de ferrocarril, que acumulan defectos, imposibles de reparar sin la autorización de su teórico expropiador, el Ayuntamiento.

Ninguno de los dos se ha dado en 16 años, con conocimiento expreso y apoyo verbal de cuatro Alcaldes y de múltiples concejales y técnicos. Y la nueva Alcaldesa ni siquiera se ha molestado en hablar con nosotros para analizar el asunto.

En definitiva, ¿es este un caso de expropiación o más bien se trata de una incautación encubierta?

¿Acaso hay otros intereses que impiden darle una solución efectiva al asunto?

¿ Es creíble la afirmación de que el Ayuntamiento más rico de España no tiene dinero para fijar un justiprecio realista ?

CONCLUSIÓN : Estas y otras preguntas que nos hacemos, finalmente deberán ser resueltas por un juzgado, puesto que los propietarios legítimos, pese a nuestro afán por colaborar, hemos llegado a la conclusión de que solo la justicia podrá hacer que prevalezcan nuestros derechos, durante más de 16 años lesionados sin la menor justificación técnica, ni urbanística, ni económica, ni política.

En definitiva, lamentamos que, pese a nuestra buena disposición demostrada durante estos largos años, nos hayamos visto obligados a ponerlo en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso num. 17 de Madrid, el cual ha aceptado a trámite un asunto que, a nuestro juicio, en la mejor de las interpretaciones, es un caso claro de ineficacia, prepotencia municipal y abuso de poder.

Salvo que, milagrosamente, por parte del Ayuntamiento se acabe imponiendo  el sentido común y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Enrique Martínez Piqueras