Hace unas semanas reflexioné sobre la judicialización de la política. Y, por las últimas noticias publicadas, compruebo que esta reflexión va a mantenerse en el tiempo. El peligro de las consecuencias negativas para la sociedad reside en que no las conoceremos, aún. Tardará  tiempo. Y esas consecuencias es muy probable que no nos gusten a la mayoría de los demócratas de nuestro país.

Así es. Cuando admitimos, sin poner reparos, que desde algún juzgado se filtren informaciones sesgadas. Con cuenta gotas. Informes policiales. Conversaciones, incluso personales. Admitimos que se puede actuar con impunidad. Agitando en la sociedad la “sospecha” sobre determinadas personas sin que éstas hayan sido sometidas a ningún juicio. Y, a veces, sin que estas personas ni si quiera estén siendo investigadas.  Se pierde así, absolutamente, el horizonte sobre lo que necesitamos saber los españoles. La verdad.

Porque eso es lo que nos debe importar. La verdad. La verdad de lo que ha sucedido. Aquí, allá o en cualquier otro sitio.

La justicia debe actuar frente a quienes infringen las normas. Y todos tenemos la obligación de colaborar con ella. Con un objetivo. Saber la verdad. A veces incluso desde una posición procesal como es la de investigado o imputado. Porque cuando uno no ha delinquido, tiene la seguridad de que será absuelto. Y esa condición que un día pudo empañar tu vida, debería ser un revulsivo contra la corrupción. En todos los estamentos. Porque la verdad, antes o después, florece. Y cada cual ocupa su sitio. Y los inocentes estarán a un lado y los culpables, serán condenados.

Pero, ¿qué sucede cuando la justicia toma decisiones erróneas? Si un político, presuntamente, se ha equivocado, ha robado o se ha desviado. Debe dimitir. Sin juicio, sin condena e incluso sin pruebas. Basta un auto (con o sin motivación y ser portada de los medios de comunicación). Así se acaba hoy con la vida de los cargos públicos. Muchos son los ejemplos. Desde un despacho redactando autos judiciales. O bien, desde donde sea que se haga, filtrando informaciones de sumarios “bajo secreto” a los medios de comunicación.

Lo hemos conseguido. El cargo público “x” ha dimitido. Le hemos condenado. Entra a formar parte de los “corruptos” de este país. Pero si practicadas las pruebas o diligencias se demuestra que esta persona es inocente. ¿Qué pasa con esa decisión errónea, injusta? ¿Qué sucede con esas informaciones “filtradas”, sesgadas e interesadas?

No pasa nada, amigos. Al menos a corto plazo. Si un juez, un fiscal o los informadores públicos se equivocan, no pasa nada. Ni dimiten, ni asumen responsabilidad de ninguna manera. Si se demuestra muchos años después que hubo algún funcionamiento “anormal” y que como consecuencia de ello se adoptó una decisión lesiva, será responsable el Estado. O sea. Todos nosotros. Lo pagaremos todos con nuestros impuestos. Pero quienes erraron seguirán disfrutando de las mieles del éxito porque nos “inundaron” de cabezas corruptas en momentos clave de la política española.

Por eso debemos ser escrupulosos y firmes con todos. Partiendo de la premisa básica y fundamental. Tolerancia cero contra la corrupción. También cuando la justicia desvirtúa su finalidad. Conocer la verdad y condenar a aquellos que actúan al margen de la ley. Porque esas actuaciones las pagaremos todos.

Llevamos años aceptando que cuando un político es llamado a declarar en calidad de investigado o imputado, éste debe abandonar su cargo público Sin derecho alguno a la defensa de su inocencia. Aceptando sin cuestionar una resolución judicial como si se tratara de la verdad más absoluta.  Estuviese o no justificada. ¡Qué más daba! ¿La verdad? No importa. Importa el escarnio público. ¿Los derechos fundamentales? A la basura. Y, ¿si hay un error? Daños colaterales.

Pero esos daños colaterales, amigos. Tienen nombres y apellidos. Tienen familias. Tienen amigos. Y tienen HONOR.

Estamos en un país en el que a algunos no les importa mancillar el honor de las personas que alguna vez en nuestra vida decidimos optar por ser cargos públicos. Ese honor se nos ha vulnerado Se nos ha negado. Nos lo han limitado. Y en ese juego, a veces, también han participado algunos agentes de la justicia. Y también muchos políticos mediocres y con bastante carencia de principios y valores democráticos y constitucionales.

Y ya van dos los derechos fundamentales vulnerados. Primero el de la Presunción de inocencia. Y luego, tras demostrar que eres inocente. Vulnerando el derecho a nuestro honor. Pueden seguir etiquetándote como “imputado” o como “corrupto”, aunque ya tu caso haya sido archivado después de ser investigado. Después de haber pasado la prueba “diabólica”, a veces del “algodón”. Pueden hacerlo. No pasa nada. Un cargo público o ex cargo público no tiene honor, según los “justicieros” o aquellos con espíritu dictatorial. Su verdad. Una gran mentira repetida mil veces. Será la verdad. Y la verdad real se ocultará. Con el beneplácito, repito, de algunos jueces y algún que otro fiscal. Y, a veces, incluso con la complicidad de alguno de los tuyos.

Pero yo confío en la justicia. Y creo sin lugar a dudas que, aunque tarden 20 años, la verdad se sabrá. Y que habrá culpables e inocentes al final de este largo recorrido. Y también creo que los llamados “daños colaterales” debemos seguir luchando y lo seguiremos haciendo. Y apuesto por una defensa de la regeneración no sólo en la política, sino en todos los estamentos “viciados” de la sociedad. Y creo, amigos, que debemos empezar a ser pacientes y esperar el resultado final. Y debemos exigir responsabilidades cuando se produzcan errores.

Y creo que la responsabilidad no debe ser entendida en un sector como una condena inmediata y una asunción de responsabilidades por ser, por ejemplo, político, y en otros sectores que esos errores sean asumidos como algo normal.

La política no debería estar manchada por la corrupción. Pero desgraciadamente, esto no es nuevo. La justicia también se equivoca. Si un político se equivoca, es un corrupto. Si un juez se equivoca, es humano. Si la Fiscalía se equivoca, es humana. Si los informadores (oficiales o no) se equivocan. Es perdonable.

Falsedad. Doble moral. ¿Inconstitucionalidad? Democracia.

Creo que esta nueva forma de hacer política desde algún que otro juzgado nos va a conducir a la existencia de cargos públicos sin experiencia. Hasta que la tengan. Y cuando la tengan. Algunos intentarán quitarles de en medio “utilizando” la justicia. O con simples sospechas “mediáticas”. Y así, ¿quién querrá ser un servidor público? Reflexionemos qué tipo de políticos estamos llamando a ocupar puestos de gran responsabilidad. Aquellos que no tienen pasado, ni siquiera profesional. Tampoco tienen mucho presente. Aquellos que su única finalidad será ocupar un puesto sin tomar decisiones para “vivir” de un sueldo público. Aquellos que no tendrán proyectos o ideas que llevar a cabo. Y que pretenderán ocultar su desidia con el famoso “postureo” al que nos están acostumbrando algunos personajes en política. Por desgracia. Este es el camino que algunos han emprendido.

Yo no acepto esta forma de hacer política. Ni esta forma de entender la democracia o la justicia.

Soy afiliada del PP y no voy a bajar la cabeza por ello. Tampoco voy a aplaudir ni defender a quienes hayan metido la mano en la caja. Tanto si ostentaban las siglas del PP como si no. No lo voy a hacer. Sin embargo, seguiré defendiendo que la ley debe aplicarse a todos. También a los agentes de la justicia. Por ejemplo cuando hay filtraciones de sumarios secretos o informes archivados o conversaciones privadas que no vienen al caso. Y seguiré defendiendo, sin ninguna duda. La presunción de inocencia. Y el derecho al honor. Y exigiré que quien haya delinquido, pague por ello.

Defendiendo los pilares de nuestra democracia, nos estaremos defendiendo de esas formas de estado que promueven la presunción de culpabilidad. Dependiendo de tu ideología, de tu condición sexual, tus creencias religiosas y hasta dependiendo de si eres mujer u hombre. ¿Eso es lo que quiere la mayoría? Yo no.

Gracias.

Yolanda Estrada