El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid ha anulado una sanción impuesta por el Ayuntamiento de la capital a un conductor por rebasar, presuntamente, uno de los denominados como semáforos foto-rojo. La sentencia, que impugna la multa de 200 euros y 4 puntos, explica que «ninguna de las imágenes captadas permite apreciar los elementos básicos de la infracción». Además, condena al Consistorio de Manuela Carmena a pagar los 250 euros por las costas del proceso.

La sentencia, que atiende el recurso de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), esgrime que «se ha conculcado el principio constitucional de presunción de inocencia que invoca la demandante y que no ha quedado desvirtuado en el expediente sancionador por prueba de cargo válida y suficiente». El escrito obliga al Ayuntamiento a anular la multa impuesta de 200 euros y la reposición de los puntos detraídos al conductor por su maniobra en la intersección de la avenida de la Ilustración con Betanzos.

«No se sabe si es el mismo automóvil en ambos fotogramas. No se aprecia su situación respecto al semáforo, del que sólo se distingue el disco rojo. No se aprecia la vía, ni elementos referenciales, tales como otros vehículos o peatones. No se aprecia nada de ello al tratarse de fotografías nocturnas que son prácticamente negras en ambos casos», aclara la sentencia judicial.

La decisión del Juez coincide con el estreno, a finales de septiembre, de otros nueve semáforos foto-rojo. Según cifras de AEA, se han producido en los siete primeros meses de este año más sanciones que en todo 2015, con un total de 28.282 denuncias que suponen una recaudación de 5.656.400 euros. En el ejercicio anterios, según la misma fuente, se registraron 21.749 sanciones, lo que se traduce en 4.389.800 euros aproximadamente.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha declarado que la decisión judicial viene a demostrar «la ilegal y contumaz actuación del Ayuntamiento» que dirige Manuela Carmena, al utilizar «un sistema de captación de infracciones sobre cuya legalidad ya se han pronunciado numerosos juzgados», como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.