El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) anunció este lunes que abría una investigación previa (que pueden derivar en expediente sancionador) al Ayuntamiento por derribar un monumento (el obelisco al Alférez Provisional, próximo al Casón del Buen Retiro) porque estaba protegido al estar en el eje Prado-Recoletos (declarado Bien de Interés Cultural), además, de por la Ley de Patrimonio al hallarse junto a un edificio catalogado. El expediente puede desembocar en denuncia ante la fiscalía. El Ayuntamiento responde que los vestigios, como son de “titularidad municipal”, los puede retirar y que no están protegidos.

Según la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que dirige Paloma Sobrini, la ley “recoge que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de patrimonio histórico”, lo que se plasma en la normativa regional y en el Estatuto de Autonomía. Por ello, según el Gobierno de Cifuentes, “cualquier actuación que afecte al patrimonio histórico debe consultarse con la dirección general, que podrá someter el asunto a la consulta de la Comisión local de Patrimonio Histórico”, donde se hallan representados Ayuntamiento y Comunidad.

“Si el elemento”, dice el departamento de Sobrini, “se encuentra en el entorno de un edificio catalogado, aunque no se vaya a intervenir en el edificio, es preceptiva la consulta a la dirección general”. Como consecuencia de ello, Patrimonio abrirá diligencias previas, lo que puede desembocar en un expediente sancionador y en una denuncia ante la fiscalía.

Por su parte, la concejal socialista Mar Espinar sostuvo ayer que “las cosas no se hacen así”. “La Ley de Memoria Histórica no obliga a eliminar todo lo relacionado con el franquismo. De seguir por este camino quitan las casas o el templo de Debod”, bromeó.