La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha reunido este jueves por la tarde con el embajador de la República Popular China en España, Lyu Fan, y la consejera de Cultura, Lyo Wenuiu, para transmitirles la “colaboración absoluta” del Gobierno regional para facilitar las inversiones chinas en Madrid, entre las que figuran las del grupo Wanda. Desde la embajada solicitaron la reunión hace unos días para tratar asuntos relacionados con el turismo, con las condiciones de vida de los ciudadanos chinos asentados en la región y con las inversiones de ese país en Madrid, en especial la Operación Campamento y Calderón. En principio, el grupo va a mantenerse en ellas y no se retirará como sí ha hecho con el Edificio España.

Cifuentes ha intercedido para que el gigante chino no abandone su proyecto de reforma del edificio de la Plaza de España por las numerosas trabas que tal y como publicó en exclusiva este diario se han impuesto desde la Comisión Local de Patrimonio Histórico –presidida por el Gobierno regional y participada por el Ayuntamiento de Madrid.

Cifuentes aseguró a los medios antes de la reunión que confiaba en que “el grupo Wanda no abandone el proyecto. Ni el proyecto de rehabilitación del edificio España, ni ninguno de los otros en los cuales, en principio, tiene interés en invertir”. “Tenemos que trabajar todas las administraciones para conseguir que vengan nuevos inversores y para que aquellos que demostrado interés en invertir en Madrid no se vayan”, señaló.

Manuela Carmena ha colmado la paciencia del grupo chino hasta el punto de que el propietario del Edificio España amenaza con poner en venta el emblemático inmueble madrileño. Como primera medida, Wanda Madrid Development, filial del grupo creada para sacar adelante el proyecto en la capital de España, comenzará a despedir a todo su personal la semana que viene.

El equipo municipal de Carmena quería que arreglaran ladrillo a ladrillo las 25 plantas del edificio, en una operación que expertos en arquitectura consultados por este medio consideran peligrosa al mismo tiempo que el coste puede llegar a ser inasumible.

La alcaldesa pretendía que se levantara un andamio de 107 metros y que, en esa estructura, los obreros se dedicaran a arreglar cada ladrillo uno a uno. Para ello sería necesario inyectar en cada pieza un material para reforzarlo y tapar las grietas. “Es algo inseguro para operarios, peatones y el vecindario”, según los expertos consultados. Debido al mal estado de otros elementos de la construcción, cualquier vibración podría provocar desprendimientos de partes de alguna de las fachadas.