La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha comparecido en rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno de cada jueves, para dar cuenta del estado de la limpieza en la ciudad, «una situación que preocupa de forma importante a la ciudadanía y al Ayuntamiento de Madrid», ha subrayado. «Reconocemos que el problema persiste», ha reconocido por segunda vez en esta semana.

Para mejorar el estado de la capital en las calles, la concejal, además de informar sobre el hecho de que continuarán investigando los contratos integrales de limpiezas y residuos, ha anunciado que, como actuación inmediata, sacará a las calles 321 inspectores para vigilar los residuos que depositan los ciudadanos en los contenedores. Estos trabajadores municipales sancionarán con 700 euros a quien deje basura en un cubo que no sea el suyo y a horas inadecuadas, una labor que se venía realizando, pero que se recrudecerá desde esta semana. Además, estos controladores llevarán a cabo una labor de concienciación medioambiental a los infractores.

Con esta medida se diseñará un mapa de puntos conflictivos, donde se tratará de analizar si el problema es cívico o de las empresas de limpieza. A mediados de febrero se elevarán los resultados.

La delegada ha querido reflejar que están atados de manos para modificar los contratos integrales, que ha calificado como «desastres integrales». Cualquier cambio debe estar contemplado en los pliegos, ha indicado. Sabanés ha puesto en la lupa, además, en que hay un «desequilibrio grave entre diferentes distritos y barrios desde el origen del contrato» de limpieza. También por metros cuadrados y aceras.