El Gobierno de España crea el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, cuya sede estará ubicada en Pozuelo

(16-10-14) El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto por el que se establece una nueva organización básica de las Fuerzas Armadas, según la cual se crea este nuevo Mando Conjunto, que dependerá directamente del Mando de Operaciones, que a su vez depende del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cuyo cuartel general estará ubicado en el acuartelamiento de Retamares de Pozuelo de Alarcón.
El Mando adquirirá su capacidad operativa inicial a principios de 2015, pero no será hasta el segundo semestre de 2016 cuando adquiera la capacidad operativa plena y obtenga el certificado de la OTAN para su integración.
La creación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales fue aprobada por el JEMAD, mediante orden ministerial, en enero del 2013 y su objetivo final es la «asunción de todos los cometidos referentes a operaciones especiales en el ámbito conjunto», según la explicación que figura en la página web del Estado Mayor de la Defensa.
Llama la atención que para el puesto de comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales se ha elegido al general de Brigada Íñiguez Andrade, quien en 1984 participó en el ‘falso fusilamiento’ del entonces alcalde del municipio oscense de Abena y otro vecino.
El general de Brigada se graduó en la Academia Militar en 1981 y un año después pasó a formar parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales. El 6 de junio de 1984, cuando era teniente, se encontraba al mando de un pelotón de nueve soldados que estaba de maniobras junto con alumnos de la Academia General de Zaragoza.
Según las informaciones del momento, el pelotón llegó a Abena, municipio situado a unos 20 kilómetros de Jaca, y procedió a ‘fusilar’ con balas de fogueo al entonces alcalde, José Galindo, y al vecino Generoso Ara bajo la acusación de ser confidentes y colaborar con la guerrilla.
Los dos responsables al mando del pelotón, Íñiguez Andrade y el capitán de artillería Carlos Alemán Artiles, comparecieron ante un consejo de guerra un año más tarde y se les condenó a varios meses de arresto militar y a la pérdida de servicio y antigüedad durante ese tiempo.
El alcalde de Abena declaró después de los hechos que lo ocurrido «no fue más que una broma pesada» y añadió que tanto él mismo como su vecino no temieron «nada serio».