Otra vez el Ejecutivo recurre al comodín de Franco. Pedro Sánchez quiere acabar el curso con una traca final: la Ley de Memoria Democrática, santo y seña de la izquierda, para terminar de quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Andalucía.

La previsión de los socialistas es convocar un Pleno extraordinario los días 12, 13 y 14 de julio para que el Congreso apruebe en el último suspiro un proyecto de ley que ha dado muchos quebraderos de cabeza al Gobierno, según fuentes parlamentarias.

Este miércoles por la tarde se celebró una reunión de la Comisión Constitucional en la que quedó constituida la ponencia que ha de elaborar el dictamen definitivo sobre la Ley de Memoria Democrática; después de llevar meses atascada en la Cámara Baja por falta de apoyos. ERC ha sido especialmente beligerante contra esta norma, puesto que la considera insuficiente porque «perpetúa la impunidad» del franquismo, según Gabriel Rufián.

Ahora, el Gobierno cree tener los apoyos suficientes –aunque no especifica cuáles– para desencallar una ley que ha sido objeto de controversia, también entre el PSOE y Unidas Podemos. Sobre todo por lo referente a los crímenes del franquismo.

La Ley de Amnistía de 1977

En noviembre, socialistas y morados pactaron una enmienda que abría la puerta a juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo, anulando así de facto la Ley de Amnistía de 1977, de la que el PSOE fue impulsor. Lo fue junto a la UCD, el PCE y los nacionalistas del PNV y CiU (Alianza Popular se abstuvo).

Rápidamente recularon. «No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72», aseguró entonces el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Desde ERC reconocían este miércoles que están negociando con el PSOE, pero de momento sin llegar a un acuerdo. Últimamente los socialistas se han acostumbrados a tener que salvar votaciones sin contar con los 13 votos de Esquerra, como pasó con la reforma laboral y con la convalidación del decreto anticrisis. En ambos casos, el grupo comandado por Rufián votó en contra.

Los de Sánchez están intentando sumar a sus votos (120) los de Unidas Podemos (33) y también los del PNV (6), Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), PRC (1), BNG (1), Teruel Existe (1) y Nueva Canarias (1). Son 175. Para ello tendrá que pactar algunas enmiendas de última hora, no se sabe cuáles, y los socialistas de momento no dan detalles.

De nuevo, Bildu tiene todas las papeletas de ser no solo necesario para Sánchez, sino imprescindible; si, como se temen algunos en el Gobierno, Esquerra vuelve a descolgarse. Ya lo dijo la portavoz de los abertzales, Mertxe Aizpurua, en una entrevista radiofónica a principios de junio: Bildu hará «todo lo que se pueda» para que el presidente agote la legislatura y para que gobierne una más. Es decir, hasta 2027.

Al Gobierno le habría gustado tener aprobada esta ley mucho antes. Entre otras cosas, para poder aplicar en el curso 2022-2023 los cambios a que ésta obligará en los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato (deja al margen Infantil y Primaria). Es decir, desde los 12 años.

El proyecto de ley habla de incorporar a ellos «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».

Después, socialistas y morados añadieron en una enmienda que será obligado para las editoriales «desarrollar en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura». En ambos casos, los deseos del Ejecutivo tendrán que esperar al menos al curso 2023-2024.

Entre los puntos más candentes del texto está que prevé multas de hasta 120.000 euros por exaltación del franquismo mientras, en paralelo, el Ministerio del Interior mantiene congelada la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo que ha de servir para multar los homenajes a etarras. Un compromiso que el ministro Fernando Grande-Marlaska adquirió con las víctimas a mediados de 2018.

Además, permite la retirada de títulos nobiliarios, subvenciones y hasta la supresión de asociaciones. En este sentido, el PSOE y Unidas Podemos ya tienen pactada una «lista negra» de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978 que serán suprimidos los primeros.

También permite, entre otras cosas, la ocupación de terrenos privados para exhumar en contra de la voluntad del propietario y solo teniendo indicios.

(Gentileza El Debate)