La sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado ejecutar la sentencia del 25% de educación en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

Esta decisión es consecuencia de la legitimación de una asociación que solicitó la ejecución forzosa. El mismo tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido Vox y de algunos diputados del Parlamento catalán por falta de legitimidad.

El tribunal da «un plazo máximo de 15 días» al Consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña para que dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos de que en el sistema educativo de Cataluña «todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso; utilización que incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, e informe al Tribunal en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre los tamaños adoptados y el grado de cumplimiento de las mismas».

Asimismo, el TSJC también requiere a la Alta Inspección Educativa a efectos de «verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al Tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado».

En el auto el tribunal especifica que: «Hay que señalar que en el cuerpo de la sentencia se reconoce la libertad de la Generalidad de Cataluña para determinar con libertad de apreciación los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales».

«Lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado. Lo que se condena es una inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación que sean necesarios a efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, o el ejercicio de la potestad de control», añade el TSJC.