El consejero de Educación de la Generalidad, Josep González-Cambray, ha dejado claro que se va a dejar de aplicar el 25 % de castellano a aquellos alumnos que ya lo tienen reconocido por el tribunal. Concretamente, y según cifras facilitadas por el consejero, se eliminará esta medida en 47 aulas en las que se aplica después de que algunos padres, de forma individual, decidieran recurrir a la justicia para conseguir más educación en castellano, y el tribunal les diera la razón, como en el caso de la familia de Canet, por ejemplo.

Según González-Cambray «la nueva normativa tiene que servir para que en ninguna clase del país se apliquen porcentajes». Y ha precisado que el Gabinete Jurídico del Departamento y también el Gabinete Jurídico Central «están tomando las medidas procesales pertinentes para adecuar estas sentencias a la nueva normativa del sistema educativo catalán».

Es más, el consejero de Educación considera que es el tribunal el que debe contemplar este nuevo marco jurídico para «adaptar las medidas que ha dictaminado hasta ahora y sobre todo las que podría dictaminar en el futuro».

No aplicar sentencias

Se refiere el responsable de Educación, especialmente al decreto aprobado recientemente por el Gobierno catalán que recoge la «inaplicación» de porcentajes en el uso y enseñanzas de las lenguas. Una norma que el gobierno catalán aprobó expresamente para no aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25 % de castellano.

Anuncio que ha hecho González-Cambray durante la presentación del informe elaborado por el Consejo Lingüístico Asesor para impulsar el uso del catalán en las aulas. En este informe, por otro lado, se propone que los alumnos tengan que superar una prueba específico para conseguir un certificado de nivel catalán al final de la ESO. Por lo tanto, que no sea automático. Y también que haya más formación para los docentes que en cualquier caso, y según este informe «no pueden escoger la lengua en que dan la clase». También establece que el catalán tiene que ser el «eje» y la lengua «referencial y de aprendizaje».

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, su presidenta, Ana Losada, considera que lo que está anunciando el consejero es una «ilegalidad» y advierte de que «irán por la vía penal» si sigue esa línea «porque en ningún caso puede saltarse una sentencia en firme y medidas cautelares aprobadas por la justicia». Considera que González-Cambray está entrando en el terreno de la desobediencia, como ya lo hicieron los expresidentes de la Generalidad, Quim Torra y Carles Puigdemont. Y deja claro que la AEB «será implacable» si intenta dejar de aplicar «una sentencia en firme. Ni él, ni ningún director de centro», precisaba Losada.

(Gentileza de El Debate)