La ministra de Hacienda María Jesús Montero presumió este domingo en el Congreso del PSOE andaluz que iba a “arreglar lo de las plusvalías” y que lo llevaría este lunes al Consejo de Ministros. El anunció desató la euforia entre los delegados socialistas, la mayoría alcaldes y concejales. Dicho y hecho. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para que los Ayuntamientos puedan seguir cobrando este impuesto cuya recaudación cifran en 2.500 millones de euros al año.

Sin embargo, una medida de tanto calado no ha sido presentada por la ministra de Hacienda sino que ha sido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la que la ha presentado. “La determinación de quién comparece la organizamos en la casa, atendiendo a las agendas y en función del trabajo”, aseguraba la ministra de Política Territorial quien reconocía que era un trabajo de Hacienda pero que le hacía “mucha ilusión presentarla porque viene a dar tranquilidad a los Ayuntamientos”.

La idea del Gobierno para sortear la sentencia del Constitucional es idear dos modelos de cálculo de las plusvalías. Una opción será multiplicar el valor catastral con unos nuevos coeficientes que el Gobierno determinará en una ley anual y lo incluirá en los Presupuestos Generales del Estado. La otra será la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. El contribuyente podrá elegir entre los modelos para pagar el que le salga más beneficioso.

“Es una norma que devuelve la seguridad jurídica a los Ayuntamientos y a los contribuyentes”, anunciaba la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Se trata de adecuar la determinación de la base imponible que es lo que cuestionaba el Constitucional y adecuarlo a la realidad del mercado inmobiliario. Los Ayuntamientos tendrán seis meses para empezar a cobrar nuevo impuesto.

El Gobierno presume que quedarán exentos aquellos “contribuyentes que no hagan una compra-venta de su vivienda y no generen beneficios”. “No pagarán ni un solo euro”, remarcaban en La Moncloa. Eso sí, los cálculos de Hacienda es que la recaudación siga siendo la misma que antes de la sentencia: 2.500 millones. De ahí que estos beneficios y exenciones que ha presentado La Moncloa se pongan en duda.

Según cálculos de La Moncloa, el 50% de los Ayuntamiento cobraban este impuesto y es “el segundo más importante por detrás del IBI”. “Los interventores de los Ayuntamientos están esperando el BOE de mañana” presumía la ministra de Política Territorial. De ahí, la ovación que tuvo María Jesús Montero cuando anunció que volvería a crear el impuesto. Los alcaldes, y delegados socialistas, necesitan esta ley para seguir recaudando.