Podemos y Ciudadanos se han lanzado a forzar a los ayuntamientos a devolver los casi 8.000 millones cobrados de más a los ciudadanos por plusvalías en la venta de viviendas. El TC acaba de tumbar el impuesto si la operación registra pérdidas. Hay resistencia entre alcaldes del PP y PSOE, que gobiernan la mayoría de municipios, en facilitar ese reintegro.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los escritos, Podemos y Ciudadanos están registrando mociones en ayuntamientos de toda España.

Exigen a los equipos de Gobierno, en su mayoría alcaldes de PP y PSOE, que la próxima sesión plenaria debata la devolución del dinero cobrado de más en las plusvalías municipales

Reclaman que dispongan, de forma urgente, a través del procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos para que los contribuyentes puedan reclamar las cantidades que no les han sido satisfechas en este concepto.

Destacan en las mociones que la resolución del TC “pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia es potestativa”, y que ha obligado “a hacer frente a pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en los municipios”.

Por ello, piden a los ayuntamientos que “arbitren, con carácter urgente, medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente”, así como “reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen cuando no tenían obligación”.

Los ayuntamientos han trazado una estrategia para minimizar la devolución máxima de 8.000 millones cobrados de más por plusvalías municipales en la venta de viviendas.

Tal y cómo se contó en ECD, Hacienda prevé denegar las reclamaciones para retrasar, hasta dos años, el reintegro a los afectados que han pagado este impuesto, y que acaba de suspender el Tribunal Constitucional, en caso de que registraran pérdidas en la operación.

Por tanto, el proceso se convertirá en una odisea administrativa y judicial porque este plan de Hacienda descarta por completo devolver de oficio el dinero, o a través de un procedimiento extrajudicial como ha ocurrido con las cláusulas suelo.