La decisión de Rosa María Mateo de centralizar los informativos en la sede central de Prado del Rey para ahorrar costes y ser más competitiva ha generado fuertes tensiones entre la empresa estatal y los trabajadores. Los sindicatos ven en esta iniciativa un primer paso para el desmantelamiento de Torrespaña.

RTVE necesita recuperar su posición de liderazgo, ahorrar costes, modernizarse y ser más eficientes son los objetivos del Plan Servicios Informativos del siglo XXI, un proyecto que pretende impulsar los contenidos noticiosos dotándolos de “herramientas tecnológicas, estructurales y de gestión que permitan competir al más alto nivel”.

Pero el anuncio, en pleno mes de agosto, ha generado recelos e inquietud entre los sindicatos de la corporación, que no descartan recuperar en las próximas semanas los viernes negros, acción que marcó las protestas por la manipulación durante la gestión del PP.

Durante la última temporada, la televisión pública ha visto cómo sus telediarios han sido superados por los de las privadas y en agosto ha dejado de emitir La 2 Noticias por falta de personal.

Para revertir esta situación y “rentabilizar al máximo sus medios técnicos y humanos” prevé concentrar en Prado del Rey todos los programas de carácter informativo. El plan pasa por edificar nuevos estudios “que permitan trabajar con agilidad y en el entorno digital propio del siglo XXI”.

La corporación quiere dar respuesta a las “nuevas necesidades” que plantean tanto los profesionales como la audiencia. Para abordar el proceso propone crear una “mesa técnica” que haga un seguimiento del proyecto.

Los representantes de los trabajadores, sin embargo, tienen otra visión. Hace pocos días se reunió el Comité Intercentros para evaluar la propuesta. A falta de una postura común, UGT considera que el plan de la dirección es “aberrante y peligroso”, califica de “inadmisible” el posible cierre de Torrespaña —“un símbolo que representa la historia del servicio público”— y ve inaceptable que una decisión de este calado se adopte en un momento en el que RTVE carece de un consejo de administración y una presidencia que sustenten la legitimidad necesaria para hacerlo.

Los representantes de CC OO son también críticos. Lamentan que el plan se haya ocultado al Parlamento, pero admiten que el actual equipo administrativo tiene capacidad legal para presentar y adoptar aquellas medidas que consideren necesarias para la gestión de la compañía. Al mismo tiempo, ven “incomprensible” que en la actual coyuntura de inestabilidad y provisionalidad, sin Gobierno y sin consejo de administración, se presente un proyecto que modifica el modelo de RTVE.

Los sindicatos consideran que se vería afectada la producción propia de programas, toda vez que los informativos ocuparán recursos “vitales para el futuro de la producción propia de la corporación”.