La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que recoge destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando así a la región sin dotación económica.

Así las cosas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este reparto es discriminatorio y perjudica los intereses de los madrileños. El Ejecutivo regional denuncia que el real decreto condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias. Este criterio penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado que el Gobierno regional defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos públicos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma.

Recurriremos ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que recoge 180 millones de euros para políticas de vivienda y que excluye a la Comunidad de Madrid. Defenderemos los derechos de los madrileños frente a cualquier discriminación del sanchismo. https://t.co/5bAFrWC5Ck

— Miguel Ángel García Martín (@MA_GarciaMartin) October 21, 2026

El Consejo de Ministros aprobó este martes dos nuevos decretos que articulan distintas subvenciones en materia de vivienda. El primero de ellos contiene 180 millones para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Esto dejaría fuera a Madrid, que siempre se ha opuesto a aplicar este contenido de la Ley Vivienda por causar el efecto contrario que busca la medida. El real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria y se adopta a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, concede ayudas directas para incrementar la oferta de casas asequibles en los 317 municipios que forman parte de estas áreas donde los precios de alquiler están limitados.