La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no descarta el ‘fuego amigo’ en relación al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pedía investigarla por malversación y cohecho respecto a las adjudicaciones del servicio de cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. “No creo en las casualidades”, ha afirmado.

Preguntada por los periodistas a la salida de la firma del pacto regional por la Cañada Real Galiana, Cifuentes ha reafirmado su apoyo a la Guardia Civil, de la que fue jefa en su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad. La presidenta de los ‘populares’ madrileños ha apuntado que el informe de la UCO no tiene “ningún fundamento jurídico” y que sólo lo subscribe un investigador.

Cifuentes ha cargado contra la oposición por dar “pábulo” al informe de la Benemérita cuando tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, así como la Fiscalía, dicen que no hay “nada” para generar “dudas” contra su honorabilidad.

“No tengo inmuebles, ni propiedades, ni áticos. Vivo de mi trabajo”, ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, en clara alusión al dúplex investigado en Estepona (Málaga) y que presuntamente sería el pago de una mordida a quien fuese su antecesor en el cargo regional y ahora encarcelado por la ‘operación Lezo’, Ignacio González.

Como ya hiciera ayer en rueda de prensa sin preguntas de los periodistas, Cifuentes ha vuelto a asegurar que todas las adjudicaciones en la Asamblea se efectuaron “por unanimidad” y que en la mesa de contratación que presidía ella misma había representantes de “todos los partidos políticos” que en ese momento tenían representación en la institución regional: PP, PSOE e IU. “Nos limitábamos a aprobar la propuesta técnica”, ha insistido.