Por 78 votos a favor y 46 en contra, ha sido aprobada la toma en consideración de la Ley de Protección Integral de Funcionarios Denunciantes de Corrupción de la Comunidad de Madrid, propuesta por Ciudadanos. El PP se ha quedado solo en su rechazo de esta norma, que pretende crear la figura del Defensor del funcionario que denuncie corrupción, y a la que ha denegado su apoyo por considerar que podría ser inconstitucional, citando un informe de la Dirección General de Función Pública, y porque se duplica con la ley en el mismo sentido que se ha aceptado para su tramitación, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados.

A la votación de la ley en la Asamblea han acudido portavoces de asociaciones relacionadas con los funcionarios denunciantes. En su nombre, Luis Gonzalo Segura, de la Plataforma por la Honestidad, se ha referido a aquellos funcionarios que, como él mismo, «han perdido su trabajo y han sido estigmatizados por haber denunciado la corrupción; en mi caso en el Ejército de Tierra». A su lado, el portavoz de la asociación Hay Derecho, Ignacio Gomá, recordaba la necesidad de establecer normativas para que «las personas buenas que denuncian corrupción no sean héroes».

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, ha definido la toma en consideración de la ley como un «paso importantísimo» para aplicar medidas reales contra la corrupción. Ha lamentado que el PP «se baje del carro» y ha recordado que aunque son socios de investidura de los populares, la formación naranja «no apoyamos al PP: lo apoyan los madrileños con sus votos, y nosotros pretendemos convencerles de que no lo sigan haciendo».

En el PP tienen claro que la ley tiene visos de ser inconstitucional, y además consideran que duplica la que ya se tramita, en el mismo sentido, en el Congreso de los Diputados y con ámbito nacional. Para el portavoz popular, Enrique Ossorio, «esta ha sido una de las tramitaciones más lamentables que hemos tenido». Está convencido de que no tendrá ningún sentido crear un Defensor del funcionario denunciante en Madrid si se va a crear otro a escala nacional. Además, ha afirmado que «no existe ninguna alarma entre funcionarios de la Comunidad par aque se cree este Defensor; no va a tener ningún trabajo».