Uno de los fundadores de Intervida, Rafael Puertas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex juez Baltasar Garzón, la ex consellera de Justícia, Montserrat Tura, así como otros ex cargos públicos de la Generalitat, ex administradores judiciales de la ONG y trabajadores de Educo, la ‘heredera’ de esta entidad.

Considera que pudieron cometer los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias, aunque contra el ex juez también se le quiere investigar por denegación de auxilio, encubrimiento de delito y omisión de perseguir delitos.

Todo empezó en 2007 cuando un juzgado de Barcelona admitió una querella de la Fiscalía contra los fundadores de Intervida por malversación de fondos y decidió intervenir la organización. Como este presunto delito afectaba a las entidades que Intervida tenía en varios países del Tercer Mundo, principalmente en Sudamérica, la causa acabó en la Audiencia Nacional, donde el entonces juez Garzón ordenó el bloqueo de cuentas, pedir a la Generalitat que nombrase administradores y cortar el traspaso de fondos a los proyectos solidarios.

De esta forma, las entidades que dependían del grupo Intervida se fueron quedaron sin dinero mientras que en los cinco años que el proceso judicial siguió en marcha la ONG acumuló 120 millones de euros en sus cuentas.

El denunciante, representado por los abogados Daniel Vosseler y Leire López, considera que el 80% de los proyectos fueron destruidos y muchas personas sufrieron la falta de dinero de esta cooperación por lo que acusa directamente a Garzón y a los administradores, que fueron designados por los representantes de la Generalitat, de no hacer nada mientras se les reclamaba desde estos países esta ayuda.

También afirma que los administradores tranquilizaban a los padrinos de la fundación que seguían aportando cuotas diciendo que se estaban destinando al Tercer Mundo cuando no era así. Además, Puertas afirma que cuando quedó exculpado en 2014 e intentó volver a Intervida los representantes de la Dirección General de Entitats Jurídiques del Govern se lo impidieron. Intervida se fusionó con otra ONG dando lugar a Educo que se quedó el patrimonio acumulado. La Fiscalía debe decidir si admite esta denuncia.