El juzgado central de Instrucción de Madrid número 6 ha comunicado a la Asamblea de Madrid que “no existe inconveniente en que esa Asamblea efectúe las gestiones pertinentes para la comparecencia del indicado -Francisco Granados- el próximo 3 de junio”. Eso sí, el juez Eloy Velasco, el magistrado titular de esa instancia y que instruye ‘Púnica’, pide a la Cámara autonómica que se deberá realizar “debiendo adoptarse las correspondientes medidas de seguridad”, según precisa en el escrito al que ha tenido este diario.

El pasado viernes EL MUNDO adelantaba que la Mesa que investiga la corrupción en la Comunidad había pedido al magistrado la comparecencia presencial del que llegase a ser el ‘número 2’ de Aguirre en el PP de Madrid y su ‘número 3’ en el Gobierno regional.

En la última reunión de la comisión parlamentaria que investiga la corrupción, que tuvo lugar el pasado día 20, Granados comparecía por segunda vez en el este órgano parlamentario por teleconferencia desde la cárcel de Estremera. El ex consejero dio a conocer que había remitido una carta a la Asamblea en la que pedía no declarar por “no poder defenderse con todas las garantías”. El motivo, según explicó luego en la telecomparecencia, era que al encontrarse en la cárcel no tenía acceso a la documentación que necesitaría para dar las explicaciones oportunas. Solicitaba aplazar su comparecencia a su salida de la cárcel.

Esta información, hasta que la dio a conocer Granados, tan sólo la conocía la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados (PP) y la de la comisión, Dolores González Pastor (Ciudadanos). La misiva le llegó a Adrados que informó, como es procedente, a la presidenta de la comisión. Finalmente, dejaron la decisión de que compareciese o no en manos del juez. El magistrado lo autorizó. El lío surgió cuando la presidenta de la comisión decidió guardarse esa información y no compartirla con los portavoces del resto de grupos. Es decir, que los diputados no sabían que Granados había pedido no comparecer hasta salir de la cárcel para poder defender mejor sus derechos.

A la presidenta de la comisión no le quedó más remedio que admitir ante sus compañeros que había sido así. Los diferentes grupos protestaron, la sesión se aplazó para discutir el asunto a puerta cerrada y, finalmente, se suspendió la sesión. Los portavoces acordaron volver a remitir la petición al juez, pero, esta vez, incluyendo la petición de que Granados compareciese presencialmente.

La decisión está pendiente de que Instituciones Penitenciarias lo apruebe.