El presidente de Distrito Castellana Norte -promotora de la Operación Chamartín-, Antonio Béjar, ve paradójico que la misma administración -el Ayuntamiento de Madrid- que rechaza un plan que cumple todas las leyes proponga otro alternativo que «no se ajusta a la legislación vigente».

En declaraciones a la Cadena Cope, Béjar ha defendido la legalidad del proyecto Madrid Castellana Norte, que «se ajusta estrictamente» a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y al Plan General de Ordenación Urbana, y que además no cuesta nada a las arcas públicas porque lo costearían íntegramente los inversores privados.

Sin embargo, el proyecto ha quedado bloqueado por el pleno del Ayuntamiento, a la vez que Ahora Madrid ha presentado un plan alternativo que lleva a una «situación paradójica», porque este proyecto (que el consistorio ha bautizado como Madrid Puerta Norte) «no se ajusta a la legislación vigente».

«Habría que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, que tiene que ser autorizado por la Comunidad de Madrid», detalla Béjar, que añade que las modificaciones legales que exige el proyecto del Ayuntamiento tardarían «años» en aprobarse, por no hablar de que se ha diseñado sin contar con el resto de actores implicados, como el Ministerio de Fomento o el Gobierno regional. Todo ello hace que el proyecto del Ayuntamiento de Manuela Carmena «simplemente no sea viable».

Respecto al «fondo» del proyecto de Carmena, según Béjar «plantea un negacionismo del desarrollo» que en la práctica «hará que suba el precio de la vivienda, porque Madrid no tiene ya oferta de vivienda nueva».

Béjar insiste en que el proyecto Castellana Norte -al que sus promotores no renuncian pese al bloqueo y lo mantienen sobre la mesa- supondría la mayor regeneración ferroviaria de Europa, sobre 311 hectáreas, de las cuales sólo el 20 % se destinarían a viviendas y oficinas, y el 80 % restante revertiría de nuevo en los ciudadanos con zonas verdes, equipamientos públicos y nuevas infraestructuras.

Y, sobre todo, no costaría nada a las arcas públicas porque los 6.000 euros estimados de las obras los pagarían los inversores privados, a la vez que se crearían unos 120.000 empleos y unos ingresos fiscales previstos para las administraciones de más de 3.000 millones, según explica. «La Operación Chamartín es una operación precisamente para la gente, y los ciudadanos están encantados con ella, porque llevan 20 años viendo cómo frente a su casa sólo hay asentamientos chabolistas y un descampado», argumenta.

Por eso Béjar dice no entender el rechazo del Ayuntamiento, del que no han recibido «ningún argumento» que explique el bloqueo. «Durante un año hemos estado esperando que se nos comunicasen las pegas al proyecto», se queja. «No sabemos cuáles son los elementos que no les parece bien». Béjar cree, además, que esta actitud del Ayuntamiento debe «llevar a una reflexión», porque «prácticamente ya una gran parte de la comunidad inversora evita inversiones que conlleven algún tipo de licencia municipal».