El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, tiene «dudas razonables» de que se ajuste a la legalidad la intervención policial en el desalojo del centro social ocupado La Morada, operación en la que fueron detenidas 32 personas. No cuestiona sin embargo este cargo público que la «okupación» no estuviera sujeta a Derecho. «Las informaciones que tengo, y uno no tiene siempre toda la información, es que (la intervención) es de dudosa legalidad, y eso me preocupa mucho porque yo creo en el principio de legalidad en la actuación policial», declaró ayer Efe.

El inmueble, ubicado en el número 5 de la calle Casarrubielos, tiene dueño, pero llevaba «okupado» desde septiembre de 2012, cuando decenas de personas lo tomaron rompiendo la cerradura aprovechando un momento en el que no había nadie en la casa.El edil consideró que la actuación policial fue «muy desproporcionada». «Cuando a alguien se le detiene, las causas tienen que ser muy fuertes», apostilló.

Por su parte, la polémica edil de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, se sumó a las críticas por el desalojo. Opinó que la intervención de la Delegación de Gobierno, liderada por Concepción Dancausa, quedó «bastante en entredicho». Es consecuencia, dijo, de «una política de criminalización de cómo se usan espacios que están en estado de abandono» y de «la creación de la nueva figura del comisario antiokupa».