Una de cada tres entidades públicas de la Comunidad de Madrid, y por tanto obligadas a rendir cuentas, no envió el año pasado la información requerida por ley, correspondiente al ejercicio 2014. En la lista negra hay 22 ayuntamientos, 13 mancomunidades, 29 consorcios y 27 fundaciones dependientes de la administración regional y del sector local, así como 9 sociedades mercantiles de la Comunidad.

De este último grupo se salva esta vez el Campus de la Justicia, que se ha puesto como ejemplo de opacidad –hasta 14 veces avisó la Cámara de Cuentas de que no se presentaban los informes preceptivos–. El Gobierno de Cristina Cifuentes remitió las cuentas el pasado 14 de enero, aunque lo hizo fuera del plazo.

El número de organismos incumplidores asciende a 153 del total de los 559 entes públicos madrileños, es decir, representan el 27,3%. Pero si se cuentan los que enviaron con retraso (112), suman 265; es decir, el 47% del sector público.

Todos ellos «olvidaron» su deber de transparencia. Entre los consistorios opacos figuran: Aranjuez, Cenicientos, Ciempozuelos, Griñón, Moraleja de Enmedio, Moralzarzal, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, y Villaconejos. Se da la circunstancia de que varios de estos municipios son reincidentes y ya han sido objeto de informes de la Cámara que desvelan irregularidades en la gestión municipal, incluidos agujeros contables de millones de euros y adjudicaciones ilícitas de contratos.

El problema, como denunció el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, es que este órgano fiscalizador no tiene ninguna capacidad de sanción y, más allá de sacar los colores a los incumplidores, no puede obligarles a rendir cuentas. De ahí que el partido Ciudadanos, también el PP, busque impulsar una reforma integral de este organismo regional, «hermano pequeño» del Tribunal de Cuentas. Este asunto ocupa el punto noveno del acuerdo de investidura de Cifuentes, pero aún no se ha activado.