Confederación Española de Policía (CEP) ha censurado la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid y ha calificado de «lamentable» su balance al frente de la seguridad en la región. El sindicato considera que su salida no se produce por el aumento de la delincuencia violenta, la reducción de efectivos policiales o sus reiterados cuestionamientos a la profesionalidad de los agentes, sino después de quedarse fuera de las listas electorales del PSOE.

La organización policial sostiene que han transcurrido once días desde que exigió el cese inmediato de Martín hasta que este presentó su dimisión. A juicio de la CEP, su salida pone fin a tres años y medio de una gestión «mediocre», marcada, según denuncia, por la confrontación política, el deterioro de la seguridad ciudadana y la falta de respuestas a las necesidades de los policías nacionales.

El sindicato considera especialmente significativo que el delegado abandone el cargo por motivos relacionados con su futuro político y no por los resultados de su gestión. En este sentido, califica su despedida como una muestra del balance de su mandato y sostiene que resulta difícil encontrar una conclusión más expresiva de una etapa que considera marcada por los fracasos.

Madrid cuenta con 272 policías menos

Uno de los principales reproches de la CEP se refiere a la reducción de efectivos policiales. Según los datos recogidos en su comunicado, la Comunidad de Madrid cuenta con 272 agentes menos que en diciembre del primer año de gestión de Martín, lo que representa un descenso del 1,97 %. El sindicato recuerda que esta pérdida de efectivos se ha producido en una región que presenta la tercera tasa de criminalidad más elevada de España.

La organización denuncia que la reducción de las plantillas ha coincidido con un crecimiento sostenido de algunas de las manifestaciones más graves de la violencia, obligando a los agentes a responder a una situación cada vez más exigente con menos recursos humanos.

Entre 2023 y 2025, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 14,14 %, hasta alcanzar los 3.832 casos. Los delitos contra la libertad sexual crecieron un 11,39 %, mientras que las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 5,71 %. El tráfico de drogas experimentó una subida del 36,03 %.

Para la CEP, estos indicadores no permiten presumir de una gestión satisfactoria y constituyen el «epitafio» de una de las peores etapas al frente de la Delegación del Gobierno. El sindicato sostiene que la evolución de estas cifras evidencia un deterioro de la seguridad que, a su juicio, debería haber tenido consecuencias políticas antes de la dimisión.

La organización policial advierte de que los datos correspondientes al primer semestre de 2026 agravan el panorama. Según las cifras que aporta, la criminalidad total aumentó un 2,9 %, mientras que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se dispararon un 49,2 %.

Durante el mismo periodo, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 11,4 %; los delitos contra la libertad sexual, un 9,3 %; y el tráfico de drogas, un 30,5 %. También se registró un incremento del 4,5 % en los robos con fuerza en domicilios.

La CEP mantiene una interpretación «igualmente crítica» de estos datos y considera que la evolución de la delincuencia en Madrid apunta a un empeoramiento de la seguridad durante este año. El sindicato atribuye esta situación a lo que considera una falta de dedicación suficiente del delegado a garantizar la protección de los ciudadanos.

Sectarismo y críticas a los agentes

La CEP dirige también sus críticas contra la relación institucional de Martín con los policías nacionales. El sindicato denuncia que el delegado encontró tiempo para anunciar investigaciones y expresar públicamente dudas sobre intervenciones policiales antes de conocer todos los hechos, pero que no mostró una exigencia comparable de responsabilidades respecto a su propia gestión de la seguridad.

La organización cita tres episodios concretos: una intervención policial en Lavapiés en marzo de 2024, la polémica relacionada con un desahucio el pasado septiembre y una actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la Universidad Complutense el 14 de octubre.

Para la CEP, estas actuaciones reflejan una forma de ejercer la autoridad que ha contribuido al descrédito del delegado entre los profesionales que, según el sindicato, deberían haber contado con su respaldo institucional. La organización considera especialmente grave que los agentes puedan quedar bajo sospecha ante la opinión pública antes de que se conozcan las conclusiones sobre sus intervenciones.

El sindicato recuerda, además, la postura de Martín durante las protestas celebradas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023, cuando manifestó su apoyo a la Policía Nacional y rechazó los cuestionamientos a la profesionalidad de sus integrantes. La CEP denuncia una «doble vara de medir» y sostiene que el respaldo institucional no puede depender de las controversias políticas ni de las prioridades electorales de cada momento.

La organización aclara que no cuestiona la necesidad de investigar las actuaciones policiales cuando existan motivos para hacerlo. Su reproche se centra en lo que considera un señalamiento prematuro de los agentes y en la ausencia de un respaldo institucional coherente, independientemente del contexto político.

Polémica acampada de Sol

La gestión de la acampada instalada durante varios días en la Puerta del Sol constituye otro de los episodios que la CEP incluye en su balance crítico. El sindicato censura que Martín justificara su postura alegando que no se habían producido disturbios y considera que este argumento refleja una forma inadecuada de abordar la seguridad ciudadana.

A juicio de la organización, la responsabilidad de la Delegación del Gobierno no debe limitarse a reaccionar cuando ya se ha producido un incidente, sino que debe incluir la evaluación de riesgos, la garantía de los accesos de emergencia y la coordinación de medidas preventivas.

La CEP sostiene que sus críticas no pretendían cuestionar el derecho a la protesta pacífica ni reclamar desalojos indiscriminados, sino exigir que se ejercieran las competencias correspondientes. El sindicato considera que la seguridad requiere anticipación y planificación, en lugar de esperar a que se produzcan incidentes para justificar posteriormente una intervención policial.

Sin motivos para “lamentar su marcha”

La Confederación Española de Policía recuerda que reclamó el cese de Francisco Martín por razones relacionadas con la seguridad y su comportamiento institucional mucho antes de que el PSOE prescindiera de él para sus candidaturas electorales. Por ello, afirma que no tiene motivos para lamentar su marcha ni para participar en un reconocimiento a una gestión que ha combatido públicamente.

El sindicato reprocha al ya exdelegado la falta de respuestas ante el crecimiento de la violencia, la pérdida de efectivos y una manera de ejercer la autoridad que, según denuncia, convirtió demasiadas actuaciones policiales en objeto de controversia política.

En su valoración final, la CEP sostiene que Martín deja unas estadísticas que considera un «fracaso sin paliativos», una Policía Nacional con menos efectivos que cuando llegó al cargo y una sucesión de agravios institucionales que, a juicio de la organización, han deteriorado el papel de la institución.

La dimisión cierra su etapa al frente de la Delegación del Gobierno, pero no modifica las críticas del sindicato. La CEP considera que su salida puede ser una buena noticia para quienes reclamaban un cambio en la gestión de la seguridad de Madrid, aunque lamenta que haya sido necesario esperar a sus problemas electorales para que se produjera. Para la organización, este desenlace constituye la mejor síntesis de un mandato «mediocre y salpicado de fracasos».