El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a los tribunales para intentar frenar el “reparto forzoso” de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. La Abogacía General ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que mantiene durante este año este sistema de traslados. La actuación, presentada el pasado 1 de septiembre, ya ha sido admitida a trámite.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno. “Con este real decreto, el Gobierno mantiene este año ese sistema de traslado obligatorio de menas cuando saben perfectamente que nuestro sistema de protección de menores está absolutamente desbordado”, ha afirmado García Martín.

El decreto establece para 2026 cuántos menores extranjeros no acompañados puede atender cada comunidad y ciudad autónoma dentro de su sistema de protección. El mecanismo de reparto obligatorio se puso en marcha en 2025 mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, una norma que Madrid también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional junto a otras nueve comunidades autónomas.

Para el Ejecutivo regional, estas decisiones invaden sus competencias exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social. El portavoz madrileño ha insistido precisamente en esta cuestión: “Desde el Gobierno de la CAM desde luego siempre hemos defendido y seguiremos denunciando que todo este tipo de normativas invaden nuestras competencias exclusivas”.

Con el nuevo recurso, la Abogacía General de la Comunidad acumula seis actuaciones judiciales relacionadas con decisiones del Gobierno central en materia migratoria, agrupadas en cuatro bloques. Según ha señalado, la Abogacía Regional mantiene estas seis actuaciones para frenar “estas decisiones totalmente ideológicas, torticeras del Gobierno central que no es capaz ni siquiera de proteger las fronteras”.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es controlar las fronteras, poner fin a este caos migratorio que está viviendo nuestro país y no tratar a las comunidades autónomas como aquellas que deben atender este caos que el propio Gobierno está generando”, ha exigido el portavoz.