El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado su último consejo de Gobierno con una ley catalogada como clave para acelerar los trámites burocráticos vinculados a urbanismo y poder así cubrir a nivel de vivienda el fuerte crecimiento demográfico que está experimentando la región.

La norma, llamada ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LÍDER), pretende que la construcción de vivienda se produzca en cuatro años en lugar de en doce.

De momento es un anteproyecto de ley que tiene que pasar por el examen de la Asamblea de Madrid, aunque saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. La idea es que se someta a votación el próximo mes de septiembre. Para ello, el gobierno regional ha pedido aportaciones constructivas al resto de grupos parlamentarios para mejorar la nonma a través de enmiendas.

La ley aunará en un único texto legal dos leyes que el gobierno regional considera obsoletas y que no se adaptan a la realidad actual de la Comunidad de Madrid. Al fin y al cabo, una es de 1995 y la otra, del año 2001. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado que la ley se ha redactado gracias a “un trabajo intenso de todo el gobierno” y tiene como objetivo simplificar la planificación urbanística.

La principal novedad de la norma es la creación de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), un nuevo instrumento de planificación urbanística que sustituirá al modelo actual y permitirá a los ayuntamientos aprobar sus planes en un plazo de entre cuatro y seis años, frente a los más de doce que puede prolongarse actualmente la tramitación. En algunos supuestos, el desarrollo urbanístico podrá completarse incluso en un año mediante ordenanzas específicas. Según la Comunidad de Madrid, 42 municipios, entre ellos la capital, ya han comenzado a elaborar estos planes.

La reforma también simplifica la clasificación del suelo, que pasará de las cinco categorías actuales a solo tres: suelo urbanizado, suelo rural protegido y suelo rural no protegido. El Ejecutivo autonómico sostiene que esta reducción facilitará la gestión administrativa, aportará mayor seguridad jurídica y hará más sencilla la interpretación de la normativa tanto para ayuntamientos como para propietarios e inversores.

Otro de los cambios relevantes es el refuerzo de la autonomía municipal. Los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar la totalidad de sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que la Comunidad de Madrid mantendrá las funciones de control de legalidad. Además, todos los ayuntamientos estarán habilitados para aprobar ordenanzas urbanísticas, estudios de detalle y catálogos de bienes protegidos.

La ley incorpora, además, un mecanismo que el Gobierno regional define como pionero para facilitar la regeneración urbana. Gracias a este sistema, los consistorios podrán impulsar la remodelación de barrios y la mejora de espacios públicos y privados sin que los costes recaigan directamente sobre los vecinos. También se agilizarán los procedimientos para proteger edificios con valor patrimonial, evitando modificar el planeamiento general cada vez que sea necesario catalogar un inmueble.

En el ámbito rural, la futura ley reduce los trámites para la implantación de explotaciones agrícolas y ganaderas, cuya autorización corresponderá directamente a los ayuntamientos. Asimismo, establece un régimen específico para los municipios de menor tamaño, que contarán con asistencia técnica de la Comunidad de Madrid para elaborar sus instrumentos de planeamiento y tramitar los estudios ambientales e informes preceptivos.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia para incrementar la oferta de vivienda mediante la reducción de la burocracia. En este sentido, recuerda que la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para promover vivienda protegida ha permitido conceder licencias para 3.679 viviendas durante su primer año de vigencia y que el objetivo es alcanzar las 10.000. A ello se suma la Aceleradora Urbanística regional, que ya ha impulsado proyectos para la construcción de 17.600 viviendas, de las que cerca de 6.000 serán protegidas.

La norma también aprovecha para actualizar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, vigente desde hace casi tres décadas. Entre otras novedades, delega en los municipios de más de 20.000 habitantes la autorización de eventos de carácter excepcional, endurece el régimen sancionador y prohíbe el uso de llamas vivas, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios específicamente habilitados para ello.