El PP de Isabel Díaz Ayuso ha sacado adelante en la Asamblea de Madrid una comisión de estudio sobre la ley de nietos que podrá recomendar recurrir el censo electoral de cara a las elecciones autonómicas si encuentra «pruebas fehacientes» de fraude. La comisión se ha aprobado con los votos de PP y Vox, y llega después de que Vox lograra en el Tribunal Supremo suspender el voto desde el extranjero de parte de los nacionalizados por esta vía.

Ha sido Vox quien ha abierto este frente. El partido de Santiago Abascal ha recurrido ante el Supremo, junto a la asociación Iustitia Europa, el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de julio sobre las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esas altas proceden de las nacionalidades concedidas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

En septiembre, la Sala Tercera del Supremo ha dictado medidas cautelares que suspenden los efectos electorales de esas inscripciones. El tribunal ha considerado, de forma provisional, que la Instrucción de 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia «no parece ajustarse» a la ley. Esa instrucción presumía exiliados a todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955. El 12 de octubre, el Supremo ha mantenido la suspensión para las generales del 29 de noviembre. Abascal ha celebrado la decisión con una advertencia: «No se puede fabricar votantes de manera ilegítima e ilegal».

Con ese precedente judicial, el Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves la Comisión de Estudio para abordar el impacto de la Ley de Nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid (RGEP 19862/26). Sus normas de funcionamiento, aprobadas por la Mesa el 5 de octubre, le encargan estudiar el número de nacionalizaciones tramitadas «a través de la Instrucción de la disposición octava». Es exactamente la norma que ha cuestionado el Supremo. También analizará la evolución del censo de residentes ausentes, el «impacto habitual del voto CERA» y los procedimientos de «depuración censal».

El texto deja además una puerta abierta. La comisión podrá estudiar «otras disposiciones normativas y procedimientos susceptibles de alterar de igual forma la normal evolución del censo electoral». Tendrá tres diputados por grupo, pero sus acuerdos se adoptarán por voto ponderado. Trabajará hasta febrero de 2027, a solo tres meses de las autonómicas, y cerrará con un Dictamen de Conclusiones y Propuestas que debatirá el Pleno. El PSOE ha anunciado que no participará y Más Madrid se ha abstenido.

Fuentes de la comisión han defendido que su objetivo es «colaborar activamente en la celebración de unas elecciones democráticas con todas las garantías necesarias», y «no impedir que se celebren ni restarles credibilidad». Según estas fuentes, solo acudirían a la Junta Electoral Central «o a instancias superiores» con «pruebas fehacientes de la existencia de irregularidades puntuales».

En ese caso, «desde Madrid, a través de esta comisión, se recomendaría el recurso pertinente», como ya se hizo, recuerdan, en la comisión sobre Begoña Gómez y la Complutense. Pero insisten en un límite: «Nunca pediríamos la impugnación de las elecciones, sino solo el recurso en casos puntuales si tenemos pruebas fehacientes de fraude».

La cautelar del alto tribunal no anula ninguna nacionalidad. Sólo deja en suspenso el voto desde el extranjero hasta que haya sentencia. Esa suspensión se extiende a los «sucesivos procesos electorales que puedan convocarse». Si el Supremo no resuelve el fondo antes de mayo de 2027, tampoco votarían en las autonómicas.