La llegada de BiciMAD a Pozuelo de Alarcón está siendo recibida con un entusiasmo institucional e informativo que cualquiera diría que será la panacea de los problemas de movilidad interna de esta ciudad. Y, la verdad, no me lo creo.

Su narrativa es demoledora. Vende más sostenibilidad, mejor conexión entre los centros del municipio y las universidades y urbanizaciones, digamos, “extramuros”. Y, además, dicen alegremente que es un paso decidido hacia la movilidad del futuro. No sé. Ya he cuestionado, insisto, el asunto varias veces pero hoy no quiero ser agorero.

El sistema, impulsado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), se expande por primera vez fuera de la capital con 30 nuevas estaciones y 370 bicicletas eléctricas, financiadas con una inversión significativa por parte del ayuntamiento pozuelero, cosa que no debemos olvidar.

Pero sobre el papel, todo encaja.

El acuerdo entre administraciones parece bien armado: Pozuelo paga (no se nos olvide, por favor), Madrid gestiona y los usuarios disfrutan de un servicio interoperable que permitirá moverse sin fricciones por el municipio. Incluso, hablan de moverse entre municipios (no conocen Pozuelo, claro)

Una red integrada, moderna, alineada con las tendencias europeas de movilidad urbana. Hasta aquí, la historia oficial. “Fantastic”, que diría Maca.

Pero cuando se apaga el brillo de la información dirigida políticamente, empiezan a surgir preguntas que no han tenido la misma visibilidad. Y no son menores. Porque más allá de la fotos y los titulares optimistas, hay cuestiones prácticas y legales que afectan directamente a los vecinos usuarios.

La primera es sencilla de formular: ¿de quién son exactamente las bicicletas?

Aunque el servicio lo gestione Madrid, la inversión la realiza Pozuelo. Y esa dualidad administrativa puede parecer irrelevante hasta que ocurre un accidente. Entonces deja de ser un detalle y se convierte en el centro del problema.

Imaginemos un accidente dentro del término municipal de Pozuelo.
¿Quién responde?
¿El Ayuntamiento de Madrid, como gestor del servicio?
¿El de Pozuelo, como financiador?
¿Existe una póliza única que cubra todo el sistema sin importar el territorio?
Y si es así, ¿en qué condiciones?

La complejidad aumenta cuando salimos del casco urbano.
Las carreteras como la M-503 y otras autonómicas que atraviesan el municipio, introducen un tercer actor: La administración titular de la vía.

¿Quién paga ese seguro si el accidente es una de esas autovías M-500?
¿La Comunidad de Madrid?

En Madrid Capital no hay problema porque no tienen ese problema pero en Pozuelo sí…

Y más aún si hablamos de infraestructuras estatales como la M-40.

¿Quién paga?
¿El Ministerio de Transportes y demás zarandajas que lleva en el nombre?

En esos casos, como ejemplos, ya no es solo quién gestiona el servicio, sino bajo qué marco legal se produce el desplazamiento y qué seguros entran en juego.

Pero el escenario más delicado es, sin duda, aquel en el que hay terceros implicados…

Un peatón atropellado, un conductor afectado, daños materiales o, en el peor de los casos, consecuencias personales graves (hablo de heridos y muertos). Aquí entra en juego la responsabilidad civil, un ámbito donde la ambigüedad no es una opción.

¿Está el usuario cubierto?
¿Lo está la administración?
¿Hay límites claros en las coberturas?

Nadie duda de que el sistema cuenta con seguros.
Sería impensable lo contrario.
La cuestión no es si existen, sino cómo funcionan, quién los asume y en qué circunstancias se activan.

Esa información es esencial para generar confianza real en el servicio.

Y hasta ahora no aparece en las eufóricas notas de prensa…

Juan Manuel Sánchez