La inmigración ilegal cada vez encuentra nuevos métodos para entrar en España y quedarse. Y en los últimos meses, se observa con preocupación que muchos padres están entrando en España como turistas con sus hijos para después abandonarles en España con el objetivo de que sean tutelados por la administración pública.

Este fenómeno se ha observado en distintos puntos del país, como País Vasco o Baleares. Y aunque la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, no ha detectado casi ningún caso de este tipo, se dispone a aprobar medidas para evitar que suceda en la región. “Estamos valorando todavía las circunstancias, pero algún caso así habría llegado”, cuentan fuentes de la consejería.

En concreto, la Comunidad de Madrid llevará ante la justicia a aquellos casos en los que las familias “eludan su responsabilidad y abandonen a sus hijos o hermanos menores”, aunque para ello, solicitan la colaboración de la Fiscalía, institución a la que consideran clave para poder avanzar con estas medidas.

Esta medida también incluye a los llamados inmigrantes “Erasmus”, aquellos que son “enviados por sus propios padres para que las autoridades “carguen con sus obligaciones” pese a no tener ningún problema financiero. Una “estafa”, según catalogan desde la consejería, que solo sirve para impulsar todavía más el efecto llamada.

Esto se debe a que las familias utilizan a los menores para garantizarse un futuro en España. Los abandonan para que sean acogidos por el Estado, algo que les permite obtener un permiso de residencia temporal que, una vez cumplan la mayoría de edad, pueden intentar renovar. Después, según la normativa española de extranjería, pueden reagrupar a sus familiares: los hijos, la pareja o los padres.

De este modo, la Comunidad de Madrid se pone en guardia ante la previsión de que estos casos comiencen a aflorar, algo que ocurrirá antes o después. “Es cuestión de tiempo”, cuentan fuentes consultadas, dado que en otras regiones esta técnica ha funcionado. En Málaga se habla de una auténtica “avalancha”, con más de 70 casos que desbordan los centros de menores.

Al fin y al cabo, estos menores, por protocolo, tienen que ser ingresados en el sistema de acogida, que ya de por sí está muy saturado. Algo que ya sucede en Madrid: la región tiene picos de hasta el 130% de la ocupación, por lo que un aluvión de casos de este tipo podría saturar aún más la red, algo que la consejería teme.

“A algunos les quitan su vida con los traslados”

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha vuelto a denunciar el reparto de menores por parte del Gobierno central, una situación en la que se fuerza a los menores a salir de Canarias para ser reubicados en otros puntos de España.

Fuentes de la Comunidad de Madrid relatan que esto no solo es arbitrario, sino injusto para los menores. Argumentan que a Madrid están llegando casos de menores que tenían trabajo en Canarias y lo han tenido que abandonar. Es el caso de algunos ‘menas’ que tienen más de dieciséis años y que gozan de un permiso de residencia temporal, lo que les permite buscar trabajo.

Datos que ha avanzado tras anunciar que la Comunidad de Madrid denunciará ante la Fiscalía a aquellos adultos que “deliberadamente” se hayan hecho pasar por menores no acompañados. Dávila ha recalcado que esta situación es “un fraude de ley” que pone en “riesgo” el sistema de protección, desplaza recursos y que “pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables”.

“Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata”, apuntó Dávila.