Lo que debería ser un momento de rutina familiar —dejar o recoger a los niños del colegio— se ha convertido en un auténtico calvario en los alrededores de los colegios Escolapios, Liceo Sorolla y Kensington.

Cada mañana y cada tarde, los padres que acuden a esta zona se enfrentan a una escena absurda e impresentable: Un enjambre de policías municipales repartiendo multas como si fueran panfletos, mientras cientos de familias intentan, con el reloj en contra, que sus hijos entren o salgan del colegio sin incidentes.

No estamos hablando de una zona cualquiera. En apenas unos metros se concentran más de 3.000 alumnos cada día en esos colegios. Miles de vehículos, prisas inevitables y un espacio urbano mal diseñado, donde aparcar es una misión imposible. Aun así, los agentes municipales parecen ignorar por completo la realidad y se dedican a sancionar a quien se detiene dos minutos, sin distinguir entre quien obstaculiza el tráfico y quien simplemente intenta cumplir con la rutina escolar.

“No venimos de ocio, venimos a dejar a nuestros hijos. Nos movemos rápido, molestamos lo menos posible. Pero da igual: si paras, multa al canto”, denuncia un padre con tres sanciones en una semana.

La escena se repite con una precisión enfermiza. Padres que bajan un momento para abrir la puerta del coche, madres que intentan cruzar con los niños de la mano, abuelos que apenas pueden caminar y detrás, el policía, libreta en mano, esperando el más mínimo despiste para convertirlo en ingreso municipal.

“Hay que cazar dinero como sea, hay que pagar sueldos”, dice otro padre.

El problema no es el cumplimiento de la ley —nadie cuestiona la seguridad vial—, sino el uso desproporcionado, punitivo y torticero de las normas. En lugar de ayudar, orientar o gestionar el tráfico en horas punta, la policía municipal parece actuar bajo un único mandato: recaudar. Lo que debería ser una labor de servicio público se ha convertido en una máquina de sancionar que castiga sin sentido a las mismas familias que sostienen los colegios, pagan impuestos y contribuyen al municipio.

“Esto no es vigilancia, es acoso institucional”, resume indignada una madre del Kensington.
“Y lo peor es que lo hacen delante de los niños, que ven cómo multan a sus padres como si fueran delincuentes”, asevera.

Mientras tanto, el Gobierno mira hacia otro lado. No hay planes de reordenar el tráfico, ni zonas de parada rápida, ni flexibilidad horaria, ni un simple intento de coordinación con los colegios. Nada. Solo sanciones y más sanciones. Hay que recaudar.

En vez de soluciones, se impone el castigo. En vez de empatía, la rigidez. Y mientras los agentes se dedican a cazar matrículas, los problemas reales —el caos circulatorio, la falta de espacio, la ausencia de alternativas seguras— siguen sin resolverse.

“Y el aumento de la inseguridad ciudadana”, comenta otro padre.

Lo que ocurre en los alrededores de Escolapios, Sorolla y Kensington no es una cuestión de orden, sino de política recaudatoria disfrazada de civismo.
Si la policía municipal quisiera mejorar la seguridad, ayudaría a gestionar el tráfico, no a vaciar los bolsillos de los padres.

Porque al final, el mensaje que se transmite es claro: en esta ciudad, dejar a tu hijo en el colegio puede salirte caro.
Muy caro.

Juan Pozuelo, de El Pueblo Existe