En el Gran Pozuelo de Alarcón, ser jubilado no te libra del desprecio burocrático del Gobierno de Paloma Tejero. Al contrario, te lo hace más evidente.

En una ciudad donde ese Gobierno se enorgullece de su modernidad, la reciente aprobación de la modificación de la ilegítima Tasa de Basuras ha generado cabreo entre nuestros mayores. Otro cabreo más y van…

Resulta que la alcaldesa Paloma Tejero y su concejala de Hacienda Lucía Molares presumen de aplicar un “descuento del 30%” en esa ilegítima Tasa de Basuras a los jubilados. Qué generosidad. Qué gesto de sensibilidad social… Si no fuera tan demagógico.

Y es que el problema radica en los requisitos documentales que se necesitan para que te hagan ese favor. Según la ordenanza fiscal actualizada, para solicitar esta bonificación, los pensionistas deben presentar, entre otros papeles, el “certificado de prestaciones emitido por el organismo competente” (es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)) que acredite su condición de jubilado.

Vamos, que el jubilado debe demostrar que lo es. Como si el Estado no lo supiera. Como si el propio Ayuntamiento no pudiera saberlo. Como si la edad y la pensión fuesen un secreto de Estado.

En la realidad, el jubilado de Pozuelo sigue siendo tratado como un sospechoso que debe demostrar lo que el Estado ya acredita cada mes con su pensión.

Para el Gobierno del Gran Pozuelo de Alarcón, el jubilado tiene la carga de la prueba de que lo es en esta enferma democracia del Siglo XXI.

(También, claro, se puede presentar la última declaración del IRPF (que es peor aún) o una declaración responsable de rentas (otra gilipollez porque hay que ir a presentarla) y todo ello antes del 31 de diciembre para que surta efecto el año que viene).

Y lo peor no es este trámite absurdo, sino la falta de respeto institucional que supone. Porque, amigos, el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la Disposición Final Duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales es cristalino:

Ningún ciudadano tiene la obligación de presentar documentos que ya estén en poder de otra administración.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sabe perfectamente quién es pensionista y quién no. Y el Ayuntamiento de Pozuelo, como administración local, tiene la obligación legal de recabar esa información directamente del INSS, sin molestar al vecino, sin obligarle a perder una mañana en colas absurdas o a pelear con certificados digitales.

Además, el Ayuntamiento de Pozuelo ya posee el Padrón Municipal de Habitantes, donde figura la edad de todos los pozueleros, un dato clave para identificar a mayores de 65 años, presumibles jubilados.

Cruzar este censo con la base de datos del INSS sería un trámite automático, como ya ocurre en otros municipios con bonificaciones en el IBI o ayudas sociales.

En cambio, aquí optan por cargar la responsabilidad en los hombros de quienes, precisamente, más la resienten: Nuestros jubilados.

Muchos sufren problemas de movilidad crónicos, dolencias que les impiden desplazarse al Registro General en las OAC o navegar por la sede electrónica con Cl@ve.

Otros, analfabetos digitales por fuerza de la edad, ni siquiera saben de la existencia de esta “ventaja” hasta que llega el recibo completo.

¿Cuántos miles de euros extras recaudará el Ayuntamiento gracias a este olvido selectivo?

Da la sensación de que las trabas no son casuales sino un velo para que una porción significativa de pensionistas (aquellos menos conectados o informados) pague la tasa íntegra, engordando las arcas municipales a costa de la vulnerabilidad.

Esta práctica no solo vulnera la ley, señoras forasteras, sino que atenta contra el espíritu de una administración al servicio del ciudadano.

Lucía Molares, la concejala de Hacienda y que es, además, de Digitalización y cobra un sueldo público por “gestionar eficientemente” los recursos municipales, debería saber que la ley no es una sugerencia. Es una obligación.

Entonces, ¿por qué estas señoras insensibles y torpes no lo hacen?

¿Es, insisto, una estrategia encubierta para que muchos jubilados no accedan al mísero descuento?

¿Por qué Tejero y Molares no se han molestado en mirar la ley de procedimientos administrativos ni en integrar los sistemas informáticos con los del Estado?

Sin duda, les da igual. Son forasteras, insisto. Están de paso y prefieren cargar el peso de sus faroles políticos en el ciudadano. En este caso, en los jubilados, que ya bastante tienen con sobrevivir entre citas previas, claves PIN y ordenadores que no entienden.

Y Paloma Tejero, como alcaldesa, debería recordar que el primer principio del servicio público es facilitar la vida del vecino, no complicársela. O eso decía en su programa electoral. Pero parece que en su Ayuntamiento la comodidad del ciudadano no importa. Importa el sello. Importa el trámite. Importa la foto de “somos un Ayuntamiento eficiente” mientras en la práctica no respetan ni las normas más básicas de la administración electrónica.

La ironía es que el Gobierno del Gran Pozuelo del Alarcón, la ciudad más rica del mundo-mundial, presume de ser “moderna y digital”. Pero esa modernidad se queda en los PowerPoint de las presentaciones, en los discursos vacíos y en las chuminadas.

¿Tan difícil es que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cumpla la ley?
¿Tan complicado es conectar su sistema con el del INSS y cruzar datos como exige la normativa?

No, no lo es. Lo que falta es voluntad personal y política. Y lo que sobra es desidia.

El Ayuntamiento de Pozuelo debería ser ejemplo de buena gestión y respeto al ciudadano. Pero mientras Paloma Tejero y Lucía Molares sigan al frente, los vecinos tendrán que seguir presentando papeles que ya existen, justificando lo obvio y sufriendo una burocracia inútil que solo refleja el abandono político y la incompetencia administrativa de quienes gobiernan.

Llévatelas ya, Alfonso.

El Capitán Possuelo