La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir un episodio del pacto de no agresión firmado entre Partido Popular y Vox debido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un idilio que se ha sellado este jueves con la aprobación de la Ley de la Abogacía General, que renueva la normativa de 1999 y que ha contado con los votos a favor de ambos partidos de la derecha madrileña.

Si ya van varios plenos en los que Isabel Díaz Ayuso e Isabel Pérez Moñino han dejado de confrontar para unir fuerzas discursivas contra la izquierda, ahora esa buena relación se consolida con una votación sin sobresaltos. Un nuevo gesto de ambos partidos para mostrar un acercamiento y ofrecer la sensación de que es posible gobernar en coalición.

La escena contrasta con lo sucedido durante buena parte de la legislatura, cuando PP y Vox han mantenido importantes enfrentamientos en la Cámara regional. Las discrepancias en materia migratoria, las exigencias de Vox sobre la aplicación de la denominada prioridad nacional o los continuos reproches de Ayuso a la formación de Santiago Abascal habían convertido sus relaciones en uno de los principales focos de tensión política de la Asamblea. Sin embargo, el adelanto electoral ha cambiado el escenario.

La aprobación de la nueva Ley de la Abogacía General supone un paso más en esa dirección. La normativa sustituye a la vigente desde 1999 y pretende modernizar la organización de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, además de reforzar su independencia. Entre sus principales novedades establece que el Abogado General deberá pertenecer a un cuerpo de letrados de las Administraciones públicas, preferentemente al de la propia Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de experiencia profesional.

La reforma también reorganiza el funcionamiento interno del organismo mediante dos direcciones diferenciadas: una de Asesoramiento Jurídico y otra de Litigios, con el objetivo de separar las labores de asesoramiento a la Administración de la representación y defensa de sus intereses ante los tribunales. Además, incorpora una Secretaría Técnica encargada de coordinar estudios especializados, impulsar la formación de los letrados y avanzar en la digitalización de los servicios.

El texto regula igualmente el Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, integrado por más de 80 juristas, y actualiza el sistema de informes y consultas jurídicas. Una reforma que el Ejecutivo autonómico considera necesaria para adaptar la Abogacía General a las actuales dimensiones y necesidades de la Administración regional.

La izquierda, por su parte, ha cuestionado la iniciativa. Desde Más Madrid se ha denunciado que la reforma puede poner los servicios jurídicos públicos al servicio de los intereses del Gobierno, mientras que el PSOE ha criticado que la nueva regulación aporte pocas mejoras.

Pero más allá del contenido legislativo, que podría haber salido adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, la votación deja una lectura política evidente. PP y Vox han encontrado en el calendario electoral un incentivo para aparcar sus diferencias y proyectar una imagen de entendimiento que se antoja clave de cara al 29-N.