En un nuevo capítulo de lo que parece una telenovela judicial española, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde –la “número dos” de la Fiscalía General del Estado–, ha pedido abiertamente la absolución de su superior, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos en el escándalo que involucra al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Este hecho ha desatado una oleada de indignación en las redes sociales, particularmente en X, donde usuarios de todos los espectros políticos han calificado la maniobra como un “escándalo” y un “blindaje total” que erosiona la independencia judicial.

¿Es esto justicia o un club de amigos protegiéndose mutuamente?

El contexto es tan turbio como predecible. García Ortiz, fiscal general del Estado, está acusado de filtrar correos electrónicos sensibles de González Amador, donde este admitía delitos fiscales contra Hacienda. Una filtración, ocurrida en marzo de 2024, que buscaba “ganar el relato” mediático, según el juez instructor Ángel Hurtado.

Sin embargo, ahora Sánchez Conde, en un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, defiende que “ninguna intervención puede atribuirse” a su jefe y que la información ya era “de público conocimiento” antes de la nota fiscal.

La reacción en X ha sido un torrente de críticas que pintan a Sánchez Conde como una subordinada servil, más leal a su jefe que a la imparcialidad que exige su cargo.

“¡ESCÁNDALO EN LA JUSTICIA!  La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde (la “número 2” de García Ortiz), pide ABSOLVER a su jefe del delito de revelación de secretos por la filtración de correos del novio de Ayuso. ¿Coincidencia o blindaje total?”, tuiteó @Mr_Viriathus

Otro post, de @larazon_es, resume:

“La Fiscalía se alinea con García Ortiz y pide su absolución.  La teniente fiscal del Tribunal Supremo defiende que no tuvo ‘ninguna intervención’ en la filtración de los datos reservados del novio de Ayuso”.

Con más de 1.600 vistas, este tuit subraya cómo la institución se “alinea” en una defensa corporativa que huele a favoritismo.

No es casualidad que Sánchez Conde sea descrita como “amiga personal” de García Ortiz en varios informes periodísticos compartidos en X.

En la misma línea, @eldebate_com denuncia:

“El juez señala que García Ortiz y la fiscal de Madrid actuaron por «indicaciones de Presidencia del Gobierno»”, sugiriendo injerencias políticas que convierten la Fiscalía en un brazo del Ejecutivo.

@elmundoes amplifica:

“La número dos de García Ortiz pide al Supremo que no lo impute por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso”, un post con casi 63.000 vistas que ha generado cientos de replies acusando de “perversión” a la institución.

Incluso @TheObjective_es, en un hilo sobre García Ortiz instando a imputar más delitos al novio, acumula indignación:

“García Ortiz instó a su subordinada a imputarle otro delito al novio de Ayuso: «¿Y la falsedad?»”.

Esta actitud de Sánchez Conde no solo es vergonzosa por su obvia parcialidad –pidiendo “libre absolución con todos los pronunciamientos inherentes”–, sino porque socava la confianza en la justicia.

@JaimeC31527768 va más lejos:

“¿La fiscalía para qué está? Acusar es lo suyo, menos a este golfo“.

Estos posts, con su tono visceral, capturan el hartazgo ciudadano ante una Fiscalía que parece más interesada en proteger a los suyos que en defender la ley.

En resumen, el escrito de Sánchez Conde es un manual de cómo no actuar con independencia: justifica lo injustificable, ignora indicios de filtración intencional y convierte un juicio en un circo.

Como señalan en X, esto no es justicia; es un escándalo que mancha el Supremo y refuerza la percepción de que la Fiscalía es un feudo personal de García Ortiz.

¿Hasta cuándo toleraremos que la “número dos” sea la correa de transmisión de la impunidad?

La ciudadanía, en redes como X, ya ha dictado sentencia: vergüenza ajena y demanda de accountability.

Solo queda esperar que el Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora, no caiga en la misma trampa.

El Atalayero